La Junta diseña una ley «no intervencionista» para acabar con la crisis de la vivienda

El objetivo de la nueva norma, cuyo borrador estará terminado durante esta primavera, será ampliar la oferta de viviendas a precio asequible y su filosofía se aleja de la ley estatal, que según consideran en la Junta es permisiva con la ocupación ilegal, retrae la oferta, incrementa los precios del alquiler, aumenta la brecha social e invade las competencias autonómicas. El recurso presentado por el Gobierno andaluz contra esa norma por este último motivo ha sido admitido a trámite por el Constitucional.

El Ejecutivo autonómico reivindica haber dado un giro al modelo de política de vivienda impulsado durante la etapa socialista con la promoción de iniciativas que han supuesto la construcción de más de 10.000 viviendas. Pone como ejemplo la última iniciativa presentada, financiada con fondos europeos y que ha permitido la firma de acuerdos para 68 promociones con 2.915 unidades. «En Andalucía llevamos tiempo con una hoja de ruta muy clara en materia de vivienda basada en ampliar la oferta de viviendas a precio asequible», sostiene Díaz, que asegura que ahora el objetivo es reforzar esta política con una ley de vivienda propia «con un sello andaluz que fije las preocupaciones de los andaluces».

Uno de los objetivos de esta nueva ley es simplificar la normativa para hacer más atractiva la promoción de viviendas protegidas y, en consecuencia, hacer más fácil el acceso a una vivienda.

Dentro de ese objetivo de simplificación, la nueva ley derogará cinco normas autonómicas actualmente en vigor: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, la de Función Social de la Vivienda de 2013, la de Protección de los Deudores hipotecarios de 2016 y la de Tanteo y Retracto de 2018. Según la consejera, será una ley no intervencionista, «que dé certidumbre y que apueste por la nueva vivienda a precio asequible y la rehabilitación». En su opinión, se trata de uno los proyectos más importantes que el Gobierno andaluz afrontará en esta legislatura y que se pretende sacar adelante con el máximo consenso, «al contrario que la ley de vivienda de Pedro Sánchez».

La nueva norma se encuentra ahora está ahora en pleno proceso de elaboración del borrador. Se ha abierto un proceso de diálogo que, según Fomento, va más a allá de los cauces oficiales de participación para conseguir que la ley nazca del consenso de todas las partes y sectores implicados, desde promotores públicos y privados, agentes sociales y profesionales a plataformas de entidades vecinales o residenciales. «Queremos tener la mejor ley de vivienda posible», asegura la consejera.

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Los diez objetivos que persigue la nueva norma

La Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio se plantea alcanzar diez objetivos con la aprobación de la nueva ley de vivienda.

1. Impulsar y garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía, especialmente de los jóvenes que necesitan acceder a su primera vivienda.

2. Actualizar la regulación de la vivienda protegida en Andalucía.

3. Establecer requisitos de habitabilidad y calidad de las viviendas, con el objetivo de impulsar el consumo casi nulo de energía, y la instalación de renovables para el autoconsumo.

4. Proteger a los propietarios frente a las ocupaciones ilegales de viviendas.

5. Blindar el derecho de los propietarios privados a alquilar sus viviendas, incentivando la rehabilitación de las mismas para su puesta en alquiler.

6. Promover la constitución del Parque Público de viviendas de Andalucía, incluyendo las viviendas de titularidad de administraciones públicas y de privados. 7. Impulsar la aprobación de los Planes Municipales de Vivienda.

7. Impulsar la aprobación de los Planes Municipales de Vivienda.

8. Activar la regeneración de zonas de infravivienda y chabolismo y de barriadas.

9. Garantizar medidas alternativas para personas que son objeto de desahucio de su vivienda.

10. Impulsar la colaboración público-privada, para garantizar una oferta de vivienda adecuada.