La Junta de Andalucía intenta sortear sin desgaste los frentes simultáneos de Doñana y la atención primaria

Este miércoles, mientras el pleno del Parlamento celebra el debate de toma en consideración de la propuesta de ley para la reordenación de los regadíos en la corona norte de Doñana, el Sindicato Médico Andaluz, el de mayor representación en el colectivo, medirá su fuerza con una convocatoria de huelga en la atención primaria.

Se trata de dos cuestiones cuyo devenir ha escapado de las previsiones que al parecer tenía la Junta y que se han convertido en los principales caballos de batalla de la oposición, que con unas elecciones a la vuelta de la esquina, intenta recomponerse tras ser arrollada por el tsunami electoral del 19 de junio del año pasado.

Tras las protestas por la situación de la atención primaria que se tensionaron aún más tras la aprobación de la orden que fija las tarifas de los conciertos, el Gobierno andaluz creyó encontrar la llave para cerrar el conflicto primero con un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz el pasado enero y posteriormente con la firma del Pacto Social con la CEA y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que recogía un compromiso firme de la Junta por recoger las demandas para blindar el servicio, considerado la piedra angular del sistema público de salud.

El pacto social supuso un movimiento clave para UGT y CCOO, sindicatos que en la actual negociación por la mejora de la atención primaria están desarrollando una estrategia conjunta y en alianza con el CSIF y que consideran que el compromiso supuso un cambio de actitud positivo en pro de encontrar un acuerdo por parte del Gobierno andaluz.

Pero, paradójicamente, ese movimiento produjo, como efecto secundario, un endurecimiento de las demandas corporativas del Sindicato Médico Andaluz, tensionado por la escisión del grupo que acabó montando el Sindicato de Médicos de Atención Primaria, una organización minoritaria que lleva ya meses con movilizaciones permanentes y que no se ha sentado en la Mesa Sectorial donde se intenta llegar a un acuerdo.

Así, el SMA, teóricamente el más cercano ideológicamente al Gobierno y el que ha conseguido más concesiones desde que el PP llegó al Palacio de San Telmo, es el que ha adoptado una posición más dura, hasta el punto de haber convocado huelgas en semanas sucesivas –la primera es este miércoles- y para la que ofrece 50 euros a los afiliados que la secunden.

A esto se suma que las demandas que las distintas organizaciones están poniendo sobre la mesa para alcanzar un acuerdo no son coincidentes. Mientras que el Sindicato Médico reclama la contratación de más facultativos, el SATSE, organización mayoritaria en el conjunto de la mesa sectorial, propone un cambio en el actual modelo de atención primaria, a su juicio excesivamente medicalizado, por uno multidisciplinar de todas las profesiones sanitarias.

Se trata de una posición similar a la que mantienen CCOO, UGT y el CSIF, que además de las demandas retributivas han puesto sobre la mesa otras medidas para mejorar el sistema, con especial acento en el incremento del número de profesionales en las áreas de fisioterapia o radiología, fundamental a su juicio para mejorar la atención.

El acuerdo está de momento lejano y las partes se han emplazado a próximas reuniones para el 2 y el 17 de mayo. La Consejería, que aspiraba a cerrar el conflicto antes del final de abril, tendrá que esperar.

Una situación no menos conflictiva que la Junta tiene por delante es el de la regularización de los regadíos de la corona norte de Doñana que quedaron fuera del plan de 2014 por el que se concedieron derechos de riego.

Ya en la anterior legislatura, el PP, Ciudadanos y Vox habían presentado en el Parlamento de Andalucía un plan para regularizar esa situación que encendió las alarmas en la oposición de izquierdas, en el Gobierno central y en los grupos ecologistas y cuyo eco llegó hasta Bruselas, que advirtió con acciones legales si la propuesta salía adelante.

Este año, ya con mayoría absoluta en la Cámara, el Grupo Popular volvió a poner el tema sobre la mesa con una propuesta rebajada con la que confiaba en atenuar la oposición al proyecto y dar una solución a los regantes de la zona, la mayoría pertenecientes a municipios gobernados por alcaldes socialistas.

El portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, insistió este martes tras el Consejo de Gobierno, en los aspectos esenciales de la propuesta que a su juicio deberían bastar para apagar las alarmas: que no supone una amnistía ante los expedientes a quienes hayan abierto pozos ilegales, que preserva de manera explícita el acuífero del que se nutre Doñana, que los regadíos legalizados sólo podrán acceder a aguas superficiales en caso de que haya disponibilidad, que se crea una comisión técnica para analizar caso a caso y que refuerza los compromisos ambientales de la Junta.

En el Gobierno andaluz se quejan de que a pesar de lo que consideran garantías, se ha encontrado con un muro de incomprensión, hasta el punto de que Fernández-Pacheco aseguró que todas las organizaciones y entidades que tomaron parte este lunes en la reunión del Consejo de Participación de Doñana acudieron «con ideas preconcebidas» que no se modificaron en el encuentro. Según el consejero, el diagnóstico crítico con la situación que atraviesa el Parque Nacional es compartido por todas las partes y las diferencias radican entre quienes quieren encontrar una solución a los agricultores y quienes prefieren ignorar ese problema.

El consejero recordó que lleva meses pidiendo una comisión técnica bilateral con el Gobierno central para abordar este asunto, petición que ha sido sistemáticamente ignorada, y reveló que la Junta está intentando cerrar una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, para informarle de primera mano de la naturaleza de la propuesta de ley. Reconoció, sin embargo, que se trata de un empeño difícil de concretar, ya que las relaciones con la UE son competencia del Estado. Según la Junta, el Gobierno está predisponiendo negativamente a las autoridades europeas.