La Junta inicia la elaboración de los Presupuestos de 2024 con incertidumbre por el calendario electoral

A ello se suma un fenómeno que suele ser habitual en las convocatorias electorales de incierto resultado, la salida de los ministerios de personal técnico que ante la incertidumbre sobre su continuidad comienza a buscar nuevos horizontes o, en los casos de los funcionarios, a pedir la reincorporación a sus anteriores puestos.

El pasado miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto. Esta publicación supone la señal de salida para que todas las consejerías elaboren su previsión de gastos en función de las prioridades políticas que quieren fijar para el año próximo y al mismo tiempo en la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha comenzado a trabajar en la previsión de ingresos tanto con los recursos propios como con los que deben llegar del Estado. Serán los segundos Presupuestos que elabora el actual gobierno de la Junta desde que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en junio del año pasado.

Se trata de un proceso complejo, ya que los ingresos a partir de los que se elaboran las cuentas tienen múltiples procedencias. Además de la recaudación propia de la Administración autonómica están los del sistema de financiación, las entregas a cuenta, las transferencias finalistas –con un objetivo predeterminado que no se puede modificar- y los fondos europeos.

La principal figura recaudatoria de la comunidad son los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, gravámenes que están íntimamente ligados con la marcha de la actividad económica y especialmente con la compra y venta de viviendas. Por lo tanto, la estimación de su montante depende de la previsión que se haga sobre la marcha de la economía. Actualmente, el visado de viviendas nuevas –primer escalón del proceso que acaba en el cobro del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-, se encuentra en Andalucía en máximos históricos desde el inicio de la crisis de la primera década de este siglo. En concreto, en el primer trimestre se contabilizaron en Andalucía 7.415 visados de viviendas, lo que supuso un 36,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior a pesar de que en el conjunto de España se produjo una caída del 1,8 por ciento. Aun así, en la Consejería de Economía han optado por la prudencia y se trabaja con la hipótesis de que el año próximo puede haber un enfriamiento de la economía.

La mayor parte de los fondos que reciben las comunidades proceden del 50 por ciento de la recaudación del Estado por IVA y del impuesto a la renta (IRPF) en cada territorio y las liquidaciones se realizan con dos años de retraso. Es decir, que lo que Andalucía percibirá en el próximo ejercicio corresponde a lo que el Estado recaudó en 2022, año en el que la recuperación de la economía tras la pandemia y el efecto de la inflación provocaron una recaudación récord. El Gobierno había hecho una previsión de superar en 9.000 millones de euros la de 2021 y la realidad fulminó todos los cálculos previos: Se recaudaron 32.000 millones de euros más.

Esto podría suponer una buena noticia para las comunidades autónomas y para los encargados de elaborar los Presupuestos de la Junta de Andalucía, pero se trata de una novedad con contraindicaciones. Debido primero a la pandemia y después a la guerra por la invasión de Ucrania, las reglas fiscales que obligan a todas las administraciones en el ámbito de la Unión Europea a contener el déficit (la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta), la deuda (con la que se financia ese déficit) y el gasto (que se mide en función de lo gastado en el ejercicio anterior) llevan suspendidas desde 2020. Esa relajación fiscal, se acabará el año próximo y la única duda residía en saber si el aterrizaje en la nueva realidad será suave o drástico.

De momento, las reglas de déficit impuestas a las comunidades autónomas se han relajado en relación a las previstas en principio, por lo que este año se podrá cerrar con un déficit del 0,3 por ciento frente al 0,1 por ciento inicial y el año próximo las comunidades no estarán obligadas a conseguir un superávit del 0,2 por ciento, sino que deberán cerrar en equilibrio. Para 2025 el objetivo será un superávit del 0,1 por ciento, la mitad del previsto originalmente. Para conseguir estos objetivos, la previsión es que gran parte de ese aumento de los ingresos por el exceso de recaudación se destine a un fondo de contingencia que ayude a aliviar el aterrizaje

El año pasado, Andalucía se desvió apenas 8 centésimas de la referencia establecida del -0,6% (hasta situar su déficit en el -0,68%) y fue la comunidad con menor incremento del déficit en relación con el año anterior, al registrar sólo un 0,4% más, tres veces menos que la media de lo que hicieron el resto de las comunidades.

Según la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la Administración autonómica va a seguir trabajando «con el mismo rigor de siempre, tratando de adaptarnos a la estabilidad que nos requieren las normas, como venimos haciendo en los últimos años».