La Junta incluirá en sus nuevos presupuestos 800 millones para mejorar el acceso a la vivienda

Moreno, que intervino en Sevilla en la clausura de un foro organizado por La Vanguardia, aseguró que esta situación tendrá un protagonismo en las cuentas de la Junta para 2025, cuyo proyecto aprobará el Consejo de Gobierno el próximo martes, y mostró su confianza en que la falta de suelo y la escasez de oferta, que a su juicio están en el origen del problema, encuentren solución en la Ley de Vivienda que su gobierno tiene previsto aprobar antes de que concluya la actual legislatura.

Los 800 millones a los que el presidente aludió en su intervención corresponden a los incentivos fiscales ya anunciados, que suponen rebajas para jóvenes y otros colectivos -como mujeres víctimas de malos tratos y víctimas del terrorismo-, valorados en unos 300 millones de euros, y el resto, a las políticas de vivienda de la Administración andaluza para el año próximo.

Moreno atribuyó las grandes dificultades para el acceso a la vivienda a dos cuestiones esenciales, la falta de suelo y la escasez de oferta derivada de esa y otras circunstancias.

Sobre la primera, señaló que la burocracia, la presión fiscal, la falta de pragmatismo y la mala gestión contribuyen al encarecimiento de lo que considera la materia prima de la vivienda y señaló que a todo ello dará respuesta la nueva ley, cuyo proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno y que el Parlamento comenzará a tramitar en los primeros meses del año próximo.

La ley también pretende contribuir a solucionar lo que el presidente de la Junta considera otra de las causas de la falta de oferta para el alquiler, la falta de garantías que hace que los propietarios se retraigan a la hora de sacar sus viviendas al mercado.

El Gobierno andaluz ha planteado su ley de vivienda como un antídoto a los efectos nocivos que a juicio ha tenido la norma estatal. Para la Junta, el intervencionismo sobre el mercado de la vivienda planteado por ley aprobada por el Gobierno ha tenido como principal efecto la retirada del mercado de buena parte del parque de alquiler, lo que considera que se ha convertido en un factor determinante para que se disparen los precios.

Otro de los criterios previstos en la ley es la flexibilidad en los suelos ya urbanizados para fomentar la construcción de viviendas protegidas, especialmente en las zonas donde haya suelos en desuso. Así, se podrán destinar a este fin suelos reservados para equipamiento salvo los destinados a infraestructuras sanitarias o educativas.

También está previsto que remitir proyectos residenciales a la Unidad Aceleradora de Proyectos creada por la Junta, así como la creación de una bolsa de suelo para catalogar los suelos disponibles y el inventario de todas las viviendas públicas de Andalucía.