La Junta enviará al Parlamento una ley de universidades que blinda la bonificación de las matrículas

El texto, al que se ha llegado tras un largo proceso de debate con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos sociales, será sometido a información pública y a informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo. Posteriormente se trasladará al Parlamento.

Una de las principales novedades de la nueva ley, que reemplazará a la actualmente en vigor aprobada en 2013, es que reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria. Según el consejero de Universidad, José Gómez Villamandos, esto permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. «La universidad debe seguir siendo la escalera social que tanto ha contribuido al desarrollo de nuestra tierra», dijo el consejero.

La nueva ley también se garantizará la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta.

La internacionalización de las universidades andaluzas es otro de los objetivos que persigue la norma. Para ello, la ley establecerá la obligación de que, para su graduación, los alumnos deberán contar con la acreditación del nivel B2 de un idioma extranjero, requisito que también se fija para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esa condición será exigible a partir de octubre de 2029 y sólo será obligatoria para quienes accedan a partir de entonces a esas categorías. La ley apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como pieza clave en su estrategia de internacionalización.

Asimismo, el anteproyecto de ley introduce una serie de medidas dirigidas a retener talento y dar estabilidad a la carrera académica. Entre ellas, la que permitirá que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento o se adscriba a cualquier otra administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos. También se pretende darle más protagonismo a la figura del profesor asociado, algo que en la actualidad no está sucediendo, según admitió el consejero.

La ley también introducirá figuras profesionales en el profesorado para dar estabilidad y adelantar el inicio de la carrera académica, como el de ayudante doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. Estos perfiles, junto a los programas posdoctorales de excelencia, según la Junta, garantizarán un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario.

Con la norma también se persigue limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria. En política de personal, el texto legal plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.

En el apartado de la financiación, el texto determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas revisable cada cinco años. Este modelo tendrá que contar con una estructura de tres bloques. El primero alude a la financiación básica armonizada, destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento. El segundo está relacionado con la financiación afecta a resultados, articulada a través de los contratos programas. El tercer bloque corresponde a la nivelación, que, atendiendo a las singularidades de cada una de las instituciones académicas, permitirá corregir, según la Junta, posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores.