La Junta y el Gobierno llegan a un acuerdo sobre Doñana, que comunicarán este lunes

Asimismo, el Gobierno andaluz ha convocado también para una hora antes a todos los sectores implicados, incluyendo a alcaldes de la zona, agricultores y al Consejo de Participación del Espacio Natural, para comunicar el contenido del convenio. La Junta de Andalucía estará representada en esa reunión por los consejeros de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, de Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, y de Agricultura, Carmen Crespo. Se trata de las tres consejerías que han participado en las negociaciones. Previamente, los agricultores afectados fueron convocados para este domingo para conocer y pronunciarse sobre los términos del acuerdo.

Moreno y Ribera acordaron el pasado 3 de octubre abrir una negociación para buscar un fórmula que permitiera dar una respuesta al sector agrícola del entorno del Parque Nacional y al mismo tiempo garantizar la preservación de éste, gravemente amenazado por la sobreexplotación del mismo.

El Gobierno se comprometió a poner sobre la mesa 350 millones de euros para la reconversión económica de la zona y a cambio el Partido Popular congeló la tramitación de la ley de regularización de regadíos a la que el Parlamento de Andalucía estaba a punto de darle su aprobación definitiva.

En aquel momento se fijó un periodo de un mes para alcanzar el acuerdo, transcurrido el cual se reactivaría la tramitación de la ley. Este plazo se cumplió largamente, pero la buena marcha de las negociaciones hizo que el Partido Popular mantuviera congelada la ley. El acuerdo, aunque difícil, era posible.

Ambas partes estaban interesadas en llegar a un pacto que cerrara la crisis. El Gobierno, porque la aprobación de la ley en el Parlamento de Andalucía pondría a España en una muy difícil situación en Bruselas, donde la preservación del acuífero que nutre a Doñana es considerada una cuestión central, avalada además por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a España a su restauración.

Asimismo, en la Junta consideraban que después del resultado electoral y la posterior investidura de Pedro Sánchez, la aprobación de la ley, impulsada en su momento por el PP y Vox y demandada por los agricultores cuyas tierras fueron excluidas del Plan de la Fresa –que ordenó el suelo en la corona norte de Doñana en 2014- no iba a tener una aplicación práctica. Sabían que sería inmediatamente recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y muy posiblemente suspendida por éste.

Por esos motivos, y a pesar de la crisis institucional que vive el país y con las relaciones entre el PSOE y el PP en sus horas más bajas, ambas administraciones optaron por aislar la negociación de ese contexto con el propósito firme de poner fin a la crisis.

A pesar de este interés compartido por ambas partes, alcanzar el acuerdo no ha sido fácil. La Junta ha mantenido una discreción total sobre la marcha de las negociaciones y en los últimos días, cuando el plazo inicialmente fijado ya se había sobrepasado largamente, desde el Gobierno andaluz se aludía a que las partes aún estaban intercambiando papeles dada la complejidad técnica de las propuestas puestas sobre la mesa y de las posturas que cada uno mantenía inicialmente. Por parte del Gobierno de España se mantenía que no se debía beneficiar con recursos públicos a quienes en los últimos años incumplieron la ley explotando irregularmente el acuífero. Por parte de la Junta de Andalucía, que en ningún caso se daría por buena una solución que no diera satisfacción a los agricultores excluidos del Plan de la Fresa .

Este lunes, finalmente, se conocerá cuál será la solución alcanzada.