La Junta y el Gobierno cesan las hostilidades sobre Doñana y se dan un mes para llegar a una solución

Para ello, la Administración central del Estado hará una aportación de 350 millones de euros que se destinarán a actuaciones que de momento no se han detallado, pero que incluirán iniciativas de carácter social, de desarrollo económico e infraestructuras.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, escenificaron este martes el armisticio en una comparecencia conjunta en el Palacio de San Telmo en la que explicaron los términos del acuerdo tras una reunión de dos horas. Ambos se refirieron al periodo que se abre ahora como el de una nueva etapa en la relación entre ambas administraciones y en la búsqueda de soluciones para el entorno de Doñana.

Previamente, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mantuvo una reunión en Madrid con representantes de la plataforma de agricultores de la corona norte de Doñana, a quienes les presentó la propuesta del acuerdo posteriormente alcanzado con la Junta.

Ribera aludió veladamente a la inconveniencia de judicializar el conflicto que enfrentó durante meses a Junta de Andalucía con el Gobierno de España. «No necesitamos ir a ningún tribunal para que nos diga que las administraciones debemos sumar fuerzas para salir adelante en Doñana, cerrando ese procedimiento de infracción que todavía está abierto en la Comisión Europea y esa amenaza de la Unesco y simultáneamente trabajar juntos para encontrar soluciones y alternativas para el territorio», apuntó.

La contrapartida ofrecida por el Gobierno andaluz ha sido un nuevo aplazamiento en la tramitación de la ley de regularización de regadíos, cuya presentación hace siete meses abrió las hostilidades entre ambas partes. El punto correspondiente a la aprobación definitiva de la norma, contra lo que estaba previsto, no será incluida en el orden del día del próximo pleno.

Ya dos semanas atrás, el Grupo Popular en el Parlamento decidió postergar por primera vez la aprobación de la ley, que ahora se aplazará un mes, el plazo acordado entre ambas partes para alcanzar una solución definitiva. El acuerdo alcanzado este martes, según Moreno, es «un primer paso que puede alumbrar soluciones».

La Junta ha supeditado el acuerdo final a que sea avalado por la mayoría de los agricultores. Esta misma semana se constituirá un grupo de trabajo con técnicos de ambas administraciones que comenzarán a reunirse con todos los colectivos afectados. De esos encuentros deberán salir las iniciativas a las que se destinarán los fondos contemplados en el acuerdo.

Después de meses de enfrentamientos, Moreno y Ribera coincidieron en su comparecencia conjunta en la necesidad de conciliar la necesaria protección de la joya ambiental de Doñana y el desarrollo económico de la corona norte del parque, sustentado fundamentalmente en el cultivo de frutos rojos. Según el presidente de la Junta, desde su puesta en marcha el grupo de trabajo escuchará propuestas que conecten con la realidad en la búsqueda de un «equilibrio fino entre medio ambiente y desarrollo de la zona».

Para la vicepresidenta del Gobierno, las actuaciones que se vayan a poner en marcha deben tener como límite la legislación vigente y no deberán prever en ningún caso mayor dotación de agua. Ribera también se refirió a la eventual compra de suelo y dijo que las actuaciones en esa materia serán las ya previstas ya que esa no es la única manera para garantizar la supervivencia de Doñana.

No obstante, el presidente de la Junta señaló que el momento de las propuestas concretas llegará más adelante, una vez que el grupo de trabajo esté ya constituido y comience a reunirse con los sectores y colectivos implicados. Moreno advirtió de que se procurará buscar fórmulas que satisfagan a una mayoría y que será muy difícil contentar a todos.