La Junta gestionará las altas en la Seguridad Social de los alumnos de FP y universidad en prácticas

Aunque las cuotas estarán bonificadas al 100% en este 2024 (así lo anunció el Ministerio de Educación tras la última sectorial), los trámites para dar de alta y baja a los estudiantes en prácticas podrían desalentar a muchas empresas, sobre todo en el caso de las pequeñas (el 98% de las andaluzas tienen menos de 20 trabajadores) . Es el temor que ya expresó la consejera andaluza, Patricia del Pozo, la semana pasada, una preocupación que acrecienta el hecho de que la nueva ley de Formación Profesional supone que toda la FP sea dual, es decir, con periodos de formación en las empresas. Para ello, se hace necesaria la máxima colaboración y facilitar en todo lo posible que las empresas acepten a los estudiantes. La consejera también pidió al ministerio que las cuotas sean bonificadas al 100 por cien por el Gobierno.

Además, estas prácticas forman parte del currículo del estudiante, un módulo o asignatura denominada Formación en Centros de Trabajo, en el caso de la FP, o prácticas curriculares en los universitarios (por ejemplo, las que realizan los estudiantes de Medicina o los de Infantil y Primaria), por lo que la superación de esta formación resulta imprescindible para poder titular.

Será a partir del 1 de enero de 2024 cuando entre en vigor la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social por la que deben incluirse en el Sistema de la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas o académicas externas en programas de formación.

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, quiere mandar un mensaje de tranquilidad tanto a los centros docentes que imparten ciclos sostenidos con fondos públicos como a las empresas que colaboran en el aprendizaje de estos estudiantes. La consejera ha asegurado que con esta iniciativa «evitamos riesgos en la titulación de nuestros estudiantes, ya que son prácticas curriculares obligatorias, tras la imposición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes».

Del Pozo ya calificó esta medida de «despropósito», durante una visita a Málaga la semana pasada, por los términos y en el momento en que está planteada, a mitad de curso: «Es un despropósito para un sistema educativo que está viendo nacer una nueva ley sin que tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación de las Comunidades a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que debe elaborar el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto. Lo imponen cuando además estamos pasando toda la FP a la modalidad de Dual y reclamando la necesaria colaboración de los empresarios», dijo.

En todo caso, «la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional será la que asuma todas las obligaciones de la Seguridad Social para dar garantías al alumnado, a los centros y a las empresas», ha señalado la consejera mediante un comunicado.