La Junta garantiza que seguirá reclamando el dinero de los ERE pese a las sentencias del TC

Sanz respondió en el Parlamento a una pregunta formulada por Vox sobre actuaciones para evitar la corrupción en Andalucía y aseguró que el Gobierno andaluz va a reclamar por todas las vías posibles «los casi 700 millones de euros» en que se cifran las ayudas concedidas por el Gobierno autonómico durante la etapa socialista para defender el trabajo hecho en la vía penal, las revisiones de oficio o los reintegros dictaminados por la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

A la espera de las decisiones que tomará en las próximas semanas el Tribunal Constitucional en torno a los recursos presentados por los ex cargos socialistas condenados, el consejero se refirió a la ya adoptada en relación con la exconsejera Magdalena Álvarez -que supone la anulación de la sentencia que la condenaba por prevaricación y la orden a la Audiencia de Sevilla de que emita una nueva- y aseguró que se ha creado una situación terrible e insoportable. «Ahora va a haber que dar las gracias por haber hecho los ERE», ironizó el consejero.

La polémica en torno a los ERE salpicó recurrentemente a buena parte de los debates celebrados durante este último pleno, que se desarrolló en las jornadas del miércoles y el jueves. De hecho, el miércoles por la tarde, durante el debate de política general, el presidente, Juanma Moreno, acudió al pleno acompañado de Sanz y del portavoz popular, Toni Martín, que portaban bajo el brazo la voluminosa sentencia dictada en este caso, en un claro intento de evitar que se afiance la idea de que las decisiones del Constitucional relativizan la gravedad de los hechos sentenciados por el Tribunal Supremo.

Durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular relativa a la defensa del orden constitucional, la independencia judicial, la libertad de expresión y las libertades públicas, el socialista Noel López censuró el cuestionamiento del Partido Popular al Tribunal Constitucional y contrapuso lo que considera el respeto del PSOE por los órganos judiciales frente a la actitud mostrada por el PP, poniéndolo en cuestión y «saliendo todos a criticar a los jueces, como ocurrió en 2011, con el PP como primer partido condenado por corrupción en la historia de España».

El texto, que salió adelante con los votos del PP y Vox muestra su respaldo a los tribunales de justicia «en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en su acción por depurar y perseguir las responsabilidades personales» en el caso de los ERE, por los delitos de «prevaricación, falsedad en documento público y malversación, y por el maltrato y la aplicación de los recursos y del patrimonio público a un fin delictivo, arbitrario e incompatible» con el interés general.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «quiere reescribir la historia» del caso de los ERE «con una especie de amnistía encubierta». Según Repullo, lo que pretende el PSOE en Andalucía, «con Pedro Sánchez a la cabeza» es borrar la historia de Andalucía. «No podemos olvidar lo que sucedió en Andalucía en los años de gobierno socialista con el caso de los ERE», señaló.