La Junta estalla contra el Gobierno tras el anuncio de Cepsa que paraliza el Valle del Hidrógeno Verde

Entre estos proyectos se encuentra el llamado 'Valle del Hidrogeno Verde', ya en marcha tras ser presentado en 2022 y en el que se prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo en las provincias de Huelva y Cádiz.

«No puede ser que el gobierno andaluz esté trabajando para traer riqueza, empleo, inversión, que es lo que necesita Andalucía y todo se pierda ahora por un gobierno que está más preocupado en su propia supervivencia que en resolver los problemas de los ciudadanos», dijo la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Según ha informado Europa Press, fuentes de la compañía, la segunda petrolera del país, indicaron que se está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba el nuevo impuesto permanente, ya que si finalmente se materializa provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países.

Ante esta nueva situación, España advirtió de que Andalucía «no se va a quedar de brazos cruzados ante la decisión de convertir en permanente el impuesto a las eléctricas que puede afectar a algo tan importante para el futuro de nuestra tierra como el Valle del Hidrógeno Verde».

El Gobierno andaluz también asegura que utilizará todos los instrumentos «legales, institucionales y sociales si es necesario para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades sí y a otras no», dijo España en referencia a las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con el PNV para permitir que este nuevo impuesto se pueda bonificar en el País Vasco.

También el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, lamentó las consecuencias que puede tener la aprobación del impuesto y llamó la atención sobre la incoherencia que supone que el Gobierno central, con decisiones de este tipo, atente contra sus propios planes de descarbonización. «La voracidad fiscal pone en peligro sus propios planes contra el cambio climático», afirmó.

Paradela también se preguntó dónde queda la seguridad jurídica cuando toman decisiones de este tipo que acaban desviando inversiones de gran calado a otras latitudes. Según adelanta este viernes el diario 'Expansión', Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España a causa de la implantación de este impuesto.