La Junta destinará 542,4 millones de euros contra la precariedad laboral y mejora del empleo

La presidenta ha subrayado la importancia de un acuerdo con el que culmina una semana de pactos con diferentes sectores, tras la firma también de convenios con las cooperativas y los representantes sindicales de los funcionarios. Todo ello para que el crecimiento económico – que ha vuelto a incidir que será del 3% - «llegue también a las personas» en una comunidad con gran paro, pero que esta legislatura contabiliza ya 400.000 empleados más.

El acuerdo se produce después de que a nivel nacional se haya firmado un pacto entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la negociación colectiva. Tanto Díaz como el presidente de la CEA, Javier González de Lara, han subrayado que el acuerdo andaluz contra la precariedad laboral va de la mano de dicha negociación, de la que la presidenta ha puesto como referente el convenio de la hostelería firmado recientemente en Málaga por un plazo de cinco años. A la negociación colectiva se destina 1,1 millones de euros.

Javier González de Lara ha insistido en que cualquier medida de las que ahora se ponen en Andalucía en marcha deben hacerse en el «marco de la negociación colectiva». Ha insistido en que la creación de empleo y la mejora de la calidad de este va en función también del crecimiento de tamaño de las empresas, para lo que ha vuelto a reclamar que se legisle pensando en ellas y «no se incrementen los costes fiscales». Para la CEA es importante que el presupuesto del acuerdo incluya 72 millones de euros a la contratación indefinida.

Carmen Castilla ha calificado el acuerdo de «pata importantísima de la concertación social» y Nuria López ha subrayado como razonable el horizonte de 2019 para su aplicación. Ambas han puesto en valor que el acuerdo incluya medidas para una reivindicación histórica, la de tener en cuenta las enfermedades laborales.

El acuerdo es fruto del diálogo social abierto en el mes de junio de 2017 a través de la Mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo. Este proceso supuso la formación de cuatro mesas técnicas (seguridad laboral, políticas activas de empleo, formación y negociación colectiva), de las que se obtuvieron como conclusión 173 medidas y que un año después han propiciado esta batería de actuaciones que se desarrollarán hasta finales de 2019, periodo de vigencia del acuerdo.

El bloque con mayor aportación presupuestaria, 339 millones de euros, prácticamente el 62% del compromiso financiero, es el dedicado a la «aprobación y el impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad», que apuesta por medidas que favorezcan la reducción del desempleo y la puesta en marcha de incentivos económicos a la contratación estable. En este apartado también se comprometen los firmantes al desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos, el desarrollo de prácticas no laborales y ayudas a la contratación de los jóvenes como el Bono Empleo.

La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha algunas de las medidas incluidas en este bloque, como los incentivos a la contratación estable y el Bono Empleo, cuya convocatoria se publicó en BOJA la pasada semana y que cuenta con un presupuesto de 74 millones de euros. Entre las ayudas de esta convocatoria, se incluyen incentivos que pueden alcanzar hasta 12.100 euros por contrato estable, o los 6.000 euros por la contratación de un joven que cumpla con las condiciones del programa Bono Empleo.

El segundo capítulo con mayor dotación presupuestaria, 159,45 millones de euros, es el destinado a la «adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral». En este punto se acuerda desde la puesta en marcha de un procedimiento de recualificación de los trabajadores en los sectores más afectados por la crisis, hasta el desarrollo de prácticas profesionales y planes integrales de formación e inserción en colaboración con las principales organizaciones empresariales de carácter sectorial.

La adaptación de los servicios de orientación profesional; programas para parados de larga duración; el refuerzo de los servicios de asesoramiento al trabajo autónomo y la economía social o medidas de fomento del empleo para demandantes de empleo que sufren algún tipo de discapacidad son otras líneas de actuación que componen este bloque, en el que los agentes sociales y la Junta también se comprometen a «reclamar al Gobierno central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo que perjudican a las personas desempleadas que residen en territorios con mayor tasa de paro y mayores dificultades de inserción».

Otro eje importante del acuerdo, dotado con 35 millones de euros, es la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo adaptado a las demandas del tejido productivo, especialmente en los sectores aeronáuticos y naval en Andalucía y a los nuevos perfiles relacionados con los procesos de digitalización de la economía.

Con este objetivo se pondrá en marcha previamente, y de manera conjunta con los agentes económicos y sociales, un sistema de detección de las necesidades formativas para mejorar los canales de transferencia de conocimiento. También se instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional para el Empleo.

Asimismo, la Consejería fortalecerá el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y mejorará la calidad de este servicio púbico, para lo cual se reforzarán los recursos tecnológicos e infraestructuras con una partida de 6 millones de euros, dentro de la ejecución de un Sistema de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. El SAE elaborará para ello una encuesta sobre la calidad del empleo, el tipo de contratación, los sectores y la actividad donde se desarrollan los contratos, entre otros aspectos.

El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021), con 1,13 millones de euros de presupuesto. Con esta actuación se busca reactivar la negociación pendiente o desfasada, fomentar la incorporación de la mujer a los procesos negociadores y facilitar la formación especializada de las personas implicadas.

En este sentido, se ha convenido afianzar el diálogo y la concertación social para establecer acciones que generen empleo estable y de calidad, con especial hincapié en aquellos colectivos más desfavorecidos y castigados por la crisis económica.

Por otro lado, el pacto recoge que se instará al Gobierno central para que refuerce los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente y constituyendo Unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas, como instrumento necesario para la lucha contra la siniestralidad laboral.

Además, la Junta se ha comprometido a desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, que cuenta con una inversión de unos 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral.

Dentro de este mismo ámbito de la salud laboral, se realizará un análisis periódico de la siniestralidad laboral en todos los sectores, especialmente en la construcción y la agricultura, para la planificación de campañas específicas; se desarrollará anualmente el Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL; y se reforzará la figura del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

También se destinarán 600.000 euros a la puesta en marcha con una periodicidad anual de una campaña de sensibilización en seguridad y salud laboral, para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y sensibilizar a la sociedad andaluza sobre cultura preventiva.

Por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.