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El Gobierno andaluz desconfía de la decisión que tomará el Tribunal Constitucional (TC) en relación con los recursos presentados por los condenados en el proceso de los ERE. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, reconoció este martes la preocupación del Ejecutivo «por la ... sensación permanente de intromisión del Gobierno de España en los procedimientos judiciales, incluso en los ratificados por el Tribunal Supremo».
Esta ha sido la reacción de la Junta tras conocerse que la ponencia que debatirá el Constitucional, elaborado por la magistrada Inmaculada Montalbán, propone anular la sentencia contra la exconsejera y exministra socialista Magdalena Álvarez, condenada a una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Fernández-Pacheco recordó que esta causa ha sido vista por 20 jueces diferentes y si bien algunos aspectos de la sentencia fueron objeto de discusión, «la prevaricación siempre se ha dado por hecha».
El portavoz reconoció que en la Junta están preocupados después de que del Gobierno organizara «un homenaje a Magdalena Álvarez en plena campaña electoral», en referencia al mitin celebrado en Benalmádena en el que Pedro Sánchez presentó a la exconsejera como víctima de un ataque de la derecha, «y justo cuando acaba la campaña electoral sepamos que la ponencia de Tribunal Constitucional puede anular esa sentencia».
Por ello, Fernández-Pacheco se preguntó si el presidente del Gobierno conocía el contenido de la ponencia y si sabe cuál va a ser la resolución final. «¿Esa información la tenía el presidente del Gobierno?», preguntó el portavoz de la Junta cuestionado por este asunto tras el Consejo de Gobierno de este martes.
El consejero advirtió de que la Junta estará pendiente de qué magistrados del Constitucional se abstienen en este procedimiento y recordó que su presidente, Cándido Conde Pumpido, ya se tuvo que abstener sobre este asunto en el Tribunal Supremo y que Juan Carlos Campo, exministro socialista, en su etapa como portavoz de Justicia «ya puso en duda el procedimiento y se manifestó claramente en favor de los condenados».
El portavoz advirtió sobre las consecuencias que podría tener la eventual anulación de la sentencia. «Si el caso de corrupción más importante que ha tenido España queda anulado, la justicia española quedaría muy tocada en su prestigio y garantía de independencia», señaló.
Este lunes se conoció que el Constitucional estudiará a partir del 18 de junio el borrador de la sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación que pesan sobre la exconsejera de Economía de la Junta Magdalena Álvarez tras ser condenada en la causa de los ERE por un delito de prevaricación. La ponencia coincide con el criterio de la Fiscalía, que sostiene que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse la aprobación de los presupuestos de una iniciativa legislativa.
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