La Junta defiende la bajada de impuestos como la mejor palanca para el despegue de la economía

En los últimos días, la crítica de la Junta a las cesiones fiscales a Cataluña ha sido respondida desde las filas del PSOE y del Gobierno con alusiones a la política de reducción de impuestos que impulsa el Ejecutivo andaluz, que según los socialistas no hacen otra cosa que favorecer a los más pudientes a costa de debilitar los servicios públicos y aumentar la brecha social.

Este miércoles, la consejera rechazó esos argumentos y sostuvo que esas rebajas han beneficiado a cuatro millones de andaluces y han tenido como consecuencia un incremento en la recaudación al actuar como un incentivo de la economía. «Bajar impuestos a los ciudadanos no es igual a menos recursos, ni a recortar servicios públicos. Al contrario, bajar impuestos, sumado a una gestión eficaz, puede ser igual a mejorar los servicios públicos para los andaluces y esa es nuestra ecuación y así lo estamos demostrando», señaló antes de revelar que la Junta estudia más rebajas cuyo contenido y alcance no precisó.

España aseguró también que esa política fiscal ha sido una de las palancas que han contribuido a la dinamización y al cambio de tendencia de la situación económica de la comunidad «dejando en el bolsillo de todos los ciudadanos, de los emprendedores y de los empresarios una mayor liquidez, más de 900 millones, lo que se ha traducido en un mayor consumo, una mayor inversión y la creación de empleo».

Según la consejera, esta política económica, en concordancia con los documentos de planificación de la UE, ha permitido dar pasos hacia la transformación hacia una economía más productiva y competitiva al crear un ambiente más favorable a la inversión no sólo con las citadas rebajas fiscales, sino también con medidas de simplificación administrativa y reducción de la burocracia.

Valoró que por ello Andalucía se encuentra en una mejor posición para poder afrontar los retos que se derivan del entorno económico internacional y presenta un balance más positivo que el del conjunto de España en cuanto PIB, empleo, tejido empresarial y captación de inversiones del extranjero.

Así, y en referencia al actual ejercicio, indicó que la economía andaluza creció un 0,9% intertrimestral en el primer trimestre, una décima más que en el trimestre anterior y una décima por encima del crecimiento de la economía española, que se situó en el 0,8%. Ese crecimiento se mantuvo en el segundo trimestre, con 0,8% -igual al del conjunto de España-, mientras que en términos interanuales el crecimiento de la economía andaluza fue del 2,5%, lo que supuso multiplicar por cuatro el de toda la zona euro.

En relación con la repercusión de esta crecimiento en el empleo, resaltó que el paro ha caído en Andalucía en cinco puntos desde 2018 y que se ha avanzado en un punto en la convergencia con España, con 350.000 personas más trabajando en la comunidad autónoma que las que había en aquel año.

Destacó también que las políticas impulsadas por la Junta han contribuido a mejorar la vida de las familias, con un crecimiento en la renta de los hogares andaluces entre 2019 y 2023 de un 25,5%, el doble que los cinco años anteriores (12,93%), y cinco puntos más que en España (19,53%). «Ello nos ha permitido aumentar la convergencia en este indicador, pasando del 81,7% en 2019, al casi el 86%», subrayó.

En el turno de intervención de los grupos, la diputada Alicia Murillo replicó que es la primera vez que Andalucía es la última en PIB por habitante y «la última con mayor porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social» . En su opinión, esto es consecuencia de la ausencia de políticas de redistribución de la renta y de redistribución de la riqueza.

José María Ortells, de Vox, reclamó por su parte «administraciones más reducidas y eficaces» para contar con familias con mayor capacidad económica y empresas fuertes. «Andalucía, en 2019, dejó de ser un infierno fiscal para los andaluces, convirtiéndose en una de las regiones con impuestos más bajos y se aumentó la recaudación», ha resaltado para «pedir más», «un nuevo marco fiscal para mejorar la vida de las familias y crear condiciones óptimas para la creación de empleo».

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, pidió una reforma fiscal integral, pero en sentido contrario, basada en el «sostenimiento solidario de los servicios públicos», de manera que contribuya «cada quien en función de su capacidad de renta y que, por tanto, quienes más tienen, más pongan al sostenimiento de los servicios».