La Junta considera que la Ley de amnistía vulnera cinco principios constitucionales y ya tramita su recurso

En su resolución, el Gobierno andaluz reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que la misma está está sujeta a límites y no puede ejercerse vulnerando la Constitución o reformando la misma de manera encubierta.

En ese sentido, el Gobierno andaluz considera que la norma, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados con 177 votos a favor y 172 en contra, vulnera cinco principios constitucionales y perjudica los intereses de la Comunidad Autónoma y de sus habitantes.

En concreto, según explicó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para la Junta la norma aprobada vulnera principio de separación de poderes, pilar fundamentado del estado de derecho, al suponer una intromisión del legislativo en potestades del poder judicial. Sanz subrayó que la ley no sólo alcanza a causas judiciales ya juzgadas, sino también a procedimientos vivos o pendientes de incoación

El segundo principio constitucional vulnerado, según entiende el Gobierno andaluz, es el de la igualdad de los españoles ante la ley, consagrado en el artículo 14. El consejero subrayó que al establecer que por los mismos hechos unos españoles deben responder y otros quedan exonerados se viola ese principio de igualdad. «Hay ciudadanos que delinquieron y fueron condenados y ahora el Estado les pide perdón», lamentó el consejero.

También vulnera, a juicio de la Junta, el principio constitucional de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y abrir un espacio de impunidad en el que para determinados ciudadanos las leyes no se aplican.

El cuarto principio la ley de amnistía no respeta es, para la Junta, el de la tutela judicial efectiva de las víctimas de los delitos sobre los que se aplica la amnistía. Entre estos perjudicados se encuentran tanto personas físicas como jurídicas, incluidas las instituciones públicas, que no podrán recuperar el dinero malversado. Del mismo modo, quienes hayan sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios verán anulado su derecho a recibir una indemnización, ya que con la aprobación de la ley se extinguen las responsabilidades contables y civiles.

En quinto lugar, la Junta considera que la ley aprobada vulnera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar arbitraria e injusta en la medida en que los actos previos, simultáneos y posteriores a su aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la han apoyado. Para el Gobierno andaluz, se trata de un acuerdo para humillar al Estado y doblegar la Constitución, menospreciando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces que juzgaron y condenaron a quienes violaron la Constitución. «Su única finalidad – aseguró Sanz-, es servir a intereses políticos».

Al no haber sido publicada todavía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley de Amnistía no puede ser aún objeto de un recurso, por lo que la Junta deberá esperar a que esa publicación se produzca. Una vez que ello suceda, dispondrá de un plazo de tres meses para la presentación ante el Tribunal Constitucional.

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Sanz defendió la autonomía con la que el Gobierno andaluz ha actuado en este asunto y recordó que el presidente, Juanma Moreno, anunció la presentación del recurso tan pronto como la ley fue aprobada en el recurso.

Preguntado sobre si las comunidades gobernadas por el Partido Popular han coordinado algún tipo de actuación como respuesta a la aprobación de la ley -ya que otros gobierno autónomos han anunciado medidas similares a la de la Junta-, el consejero de Presidencia lo negó de plano. «La iniciativa que toma Andalucía es en defensa de los intereses de Andalucía -subrayó-, Andalucía toma su iniciativa en defensa del interés de los andaluces, de nuestra comunidad autónoma y de la Constitución».