La Junta considera que el informe crítico con la ley de regadíos es subjetivo y con sesgo político

El informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en relación con la ley de regularización de regadíos que se tramita en el Parlamento de Andalucía es subjetivo y tiene sesgo político. Así lo considera el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que considera que el texto está cargado de subjetividad intencionada «en el marco de los intereses políticos de un partido».

El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fue convocado por la mesa de la comisión parlamentaria de Fomento, donde se tramita la ley, para exponer su posición durante el trámite comparecencia de agentes sociales, que se celebra este martes en el Parlamento. Los responsables del ente comunicaron que declinaban asistir y en su lugar remitieron a la Cámara un informe en el que no ahorran críticas contra el proyecto y contra la propia Junta y advierten de que la ley propuesta es incompatible con el Plan Hidrológico aprobado recientemente y ya en vigor. Para el portavoz de la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha atesorado a lo largo del tiempo «mucho prestigio y jamás debería utilizarse para atacar a la Junta»

Además de consideraciones técnicas, el texto incide en valoraciones negativas contra la proposición presentada por los grupos parlamentarios del PP y Vox, a la que considera inútil y un engaño a los agricultores, además de acusar al Gobierno andaluz de actuar con mala fe por no haber presentado alegaciones al citado Plan, en el que no se contemplaba dotación de agua para la regularización de regadíos que ahora se pretende afrontar.

Fernández-Pacheco aludió a estas consideraciones para subrayar que se trata de valoraciones subjetivas ya expresadas en repetidas ocasiones por «los portavoces de un partido», en referencia implícita al PSOE, y advirtió de que un informe de carácter técnico no debería tener ese sesgo. «Es una utilización de un organismo público y de sus funcionarios en beneficio de un partido político», afirmó.

Aunque matizó que no le corresponde hacer una valoración del informe, el consejero lamentó que la Confederación Hidrográfica haya declinado la citación para que sus responsables expongan sus opiniones en la comisión parlamentaria y señaló que el agravio no se le está haciendo a la Junta de Andalucía o a sus consejeros sino al Parlamento. «En lugar de comparecer, deciden no participar y evacuar un informe con esos calificativos», lamentó.

Para Fernández-Pacheco, si la entidad dependiente del Ministerio para al Transición Ecológica tenia algo que decir sobre la Proposición de Ley debería haberlo hecho en el seno de la comisión «porque para ello se les ha citado». En su lugar, dijo, se ha optado por emitir un informe «que ya sabemos de dónde viene y a dónde va».

En opinión del portavoz de la Junta, además de las valoraciones políticas el texto está e plagado subjetividades e imprecisiones. En concreto, señaló que alude a que el Plan de la Fresa salió adelante en 2014 con un amplio consenso cuando en realidad se presentaron más de 3.000 alegaciones.

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