La Junta confía en la reducción de la burocracia para recuperar la economía

Para el Gobierno andaluz, la respuesta a todas estas preguntas es sí, y por ello considera que la reducción o eliminación de obstáculos burocráticos tiene que ser una realidad para cuando llegue el momento de la recuperación de la normalidad y se vuelva a poner en marcha la maquinaria de una economía ahora paralizada.

Por ese motivo llevó el pasado jueves para su aprobación por la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz una amplísima reforma legal contenida en un decreto ley que modifica 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas en esa dirección. Se trata del Decreto Ley 2/2020, de «mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía», la reforma más ambiciosa de todas las impulsadas por el Gobierno andaluz desde su llegada al poder en enero de 2019 y también la de mayor calado político.

La reforma ya estaba elaborada antes de la llegada de la pandemia, aunque la situación de alarma fue el argumento utilizado para su aprobación por la Diputación Permanente. El texto salió adelante con los votos del PP, Ciudadanos y Vox y el rechazo del PSOE y Adelante Andalucía, que criticaron tanto la forma como el fondo y anunciaron que recurrirían ante el Tribunal Constitucional.

Antes de que irrumpiera la crisis del coronavirus, desde la Consejería de Economía ya habían puesto cifras y plazos a los efectos beneficiosos que la reforma podía tener sobre la economía regional. Andalucía, aseguraban, podría demorar sólo entre cinco y diez años en elevar su Producto Interior Bruto per cápita en un 2,5 por ciento. Una estimación realizada antes de que la pandemia obligara a paralizar casi toda la actividad económica y que sin embargo el consejero de Economía, Rogelio Velasco, mantuvo el pasado jueves, en el debate en el Parlamento.

El PIB per cápita, indicador que vincula toda la riqueza producida en la región con el número de habitantes, sitúa a Andalucía un 26 por ciento por debajo de la media española. Son datos del año pasado, y por lo tanto anteriores al estallido de la pandemia. La economía andaluza es por su tamaño la tercera del país, pero al ponerla en relación con el número de habitantes es decir, la riqueza media producida durante un año por persona, cae a la cola sólo por delante de Extremadura.

Para el gobierno andaluz, esa brecha puede empezar a reducirse introduciendo cambios normativos que permitan liberar la economía de corsés burocráticos y normativos que espantan a inversores y desaniman empresas y emprendedores.

Más necesarios ahora

Los cambios, según el Gobierno andaluz, son más necesarios en un momento en que a las amenazas e incertidumbres que ya habían despertado el 'Brexit', las tensiones proteccionistas y la desaceleración económica mundial se ha sumado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, cuya incidencia en la economía está siendo devastadora. Para Velasco, la actual situación hace aún más necesaria la puesta en marcha de estas medidas liberalizadoras.

Los objetivos de la reforma, señala el Gobierno andaluz, son ambiciosos: reorientar el modelo productivo de la comunidad autónoma y hacerlo más competitivo y sostenible. El decreto, según el consejero de Economía, Rogelio Velasco, es «el trabajo más ambicioso que nunca se ha realizado en la historia de la comunidad autónoma para la revisión y simplificación de la legislación vinculada a la actividad económica».

En los trabajos previos a su redacción ha trabajado un grupo de 17 expertos integrado por altos directivos de la Administración, profesores universitarios, directivos del mundo de la empresa y funcionarios designados por la propia Junta. Sus conclusiones derivaron en el texto del decreto, que también se nutrió de un trabajo realizado desde la Consejería de Economía mediante el que se revisaron 827 procedimientos administrativos que afectan a la actividad de las empresas. Se llegó a la conclusión de que uno de cada cuatro podían simplificarse.

Confederación de Empresarios

En esos trabajos previos tuvo una participación activa la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuyo presidente, Javier González de Lara, aseguró a este periódico que el decreto es una muy buena noticia para la economía andaluza. «Da respuesta a una demanda histórica y debe ser considerado un punto de partida», advierte el dirigente empresarial, que llama la atención sobre la aplicación de la nueva norma que deberá gestionarse en gran parte desde los ayuntamientos.

Según señala el texto introductorio del decreto, Andalucía no está actualmente bien situada en materia de regulación económica. Una empresa tarda 162 días de media en obtener permisos de construcción, mientras que en La Rioja, comunidad donde los trámites son más rápidos, se demora 101 días. En Singapur, los permisos se obtienen en 26 días. En Andalucía, una pyme demora en completar la tramitación administrativa para ponerse en marcha 168 días; en Castilla y León, 62.

Todo ello, sostiene el Gobierno andaluz, coloca a Andalucía en una situación especialmente vulnerable en el caso de la llegada de una desaceleración económica como la que está llamando a las puertas.

La nueva norma afecta prácticamente a todas las áreas de gobierno. Aunque su redacción han sido coordinada desde la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha tenido participación activas de otras áreas, especialmente Hacienda, Turismo, Agricultura y Fomento.

Declaración responsable en lugar de licencias

Una de las áreas en la que incide la nueva norma y donde se introducen cambios más radicales es urbanismo. Para las obras menores (las de escasa entidad constructiva y sencillez técnica) se sustituye la licencia de obras municipal por una 'declaración responsable', lo que permite comenzar la obra desde el momento de la presentación de la misma sin esperar a la concesión de la licencia. Esto también es válido para las obras en edificaciones ya existentes en suelo urbano consolidado. Las obras que se inicien con la presentación de la declaración responsable tendrán que ser conformes a la ordenación urbanística y no podrán alterar los parámetros de ocupación y altura ni suponer incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas.

También se aplicará la figura de la declaración responsable para sustituir a la actual licencia de primera ocupación para inmuebles situados en suelo urbano consolidado, con lo que se elimina un trámite que hasta ahora suele prolongarse en algunos municipios durante seis o más meses.

El control municipal para todos estos casos se realizará posteriormente. Según la Junta, se gana en agilidad y no se pierde seguridad jurídica. El Gobierno andaluz considera que la aplicación de esta medida en el caso de las licencias de primera ocupación supone un ahorro para el sector residencial de 1.500 euros por vivienda y mes, lo que extrapolado a los datos de vivienda nueva de 2019, según destaca el texto del decreto, se traduce en un ahorro de 170 millones de euros para el conjunto del sector en Andalucía.

También se modifica la tramitación de los planes generales, que actualmente demoran una media superior a los ocho años, al reforzarse la función de coordinación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística. La reducción de plazos, según el Gobierno andaluz, puede ser de años.

Alojamientos con varios propietarios

El turismo es otra de la áreas en las que la nueva norma introduce cambios sustanciales que pueden tener importantes consecuencias.

Hasta ahora, la ley sólo permitía la constitución en régimen de propiedad horizontal a los alojamientos turísticos con una calificación superior a tres llaves en el caso de los apartamentos y cuatro estrellas, en el de los hoteles. Con la nueva norma, podrá acceder a este tipo de régimen cualquier alojamiento turístico. Ello supone que la propiedad de las viviendas o apartamentos que constituyen las unidades de alojamiento puedan corresponder a distintas personas y ser por lo tanto objeto de transacción económica. Esto, según la Junta, facilitará la inversión.

También se flexibilizarán los requisitos a los municipios de interior que quieran ser declarados como turísticos. El número de pernoctaciones necesario se reducirá, de modo que la cantidad de pueblos andaluces que podrán cumplir las condiciones exigidas aumentará en un 28%.

Asimismo, se permitirá que cualquier operador económico pueda ejercer la actividad de organizar viajes combinados sin que tenga la consideración de agencias de viajes.

También se derogará la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico. Se elimina de esta manera una figura que, según la Junta, la experiencia ha demostrado ineficaz. Con esta supresión, sostiene el texto de la nueva norma, se consigue ahorrar a los ayuntamientos las costosas adaptaciones de sus instrumentos de planeamiento, de forma que puedan destinar esos recursos al fomento de la actividad productiva local.

Más domingos y festivos abiertos

El decreto permitirá incrementar a los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados los días de apertura autorizados al año, que pasarán de los diez domingos y festivos actuales a 16. Este aumento se hará de forma progresiva, comenzando por dos días más de apertura en 2020 hasta llegar a 16 en 2022. Esta medida adapta la norma andaluza a la estatal. Los establecimientos de menos de 300 metros mantienen la autorización para abrir cualquier domingo o festivo. Según el Gobierno andaluz, con esta flexibilidad el tejido comercial podrá competir con las plataformas de venta electrónica.

Los ayuntamientos, que actualmente pueden permutar un festivo por otro que interese más, podrán hacerlo con dos.

También se cambia la norma para la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística, con las que los comercios tiene libertad de apertura durante determinadas épocas del año.

El consejero Rogelio Velasco considera que con estas medidas habrá un incremento de la demanda de un 0,9 por ciento, lo que supondrá un volumen adicional de negocio de 321 millones de euros, la generación de más de 900 nuevas empresas de comercio minorista, la apertura de más de mil nuevos locales y la creación de 3.000 empleos, .

Menos trabas a proyectos de acuicultura

En materia de agricultura y medio ambiente se introduce la modificación de ocho leyes, entre las que figura la norma que regula las interprofesionales con el objetivo de incorporar al sector de la distribución conjuntamente con el productor, el transformador y el comercializador. Esta medida, entiende el Gobierno andaluz, supone un avance en la dirección de alcanzar un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y de establecer mecanismos de crisis más eficaces ante la situación que vive el sector. También se cambian artículos de la ley de pesca marítima para eliminar trabas burocráticas y facilitar la implantación y el desarrollo de proyectos de acuicultura.

Asimismo, se incluye una modificación en la ley de protección del origen y calidad de los vinos de Andalucía.

Cambios en la ley de aguas

El texto del decreto ley hace especial mención al sector industrial. Sostiene que su mayor carácter exportador y competitivo en un mercado global explica que la viabilidad de los proyectos de inversión dependa estrechamente de las barreras a la actividad que se puedan imponer con la regulación.

En ese sentido, se incluyen entre otras medidas cambios en la ley de aguas al considerar que la disponibilidad de este líquido es un factor estratégico para la industria y la rigidez del régimen actual sobre la asignación de recursos supone un serio obstáculo para el desarrollo del sector industrial.

Se incluyen por ello modificaciones normativas para equiparar los recursos procedentes de la desalación a los procedentes de aguas residuales o para adaptar la planificación hidrológica ante situaciones extraordinarias no previstas o estratégicas para Andalucía.