La Junta confía en dar un impulso decisivo a la economía con una reducción de la burocracia

En el Gobierno andaluz creen que sí. Es más, ponen cifras y plazos. Andalucía, aseguran, podría demorar sólo entre cinco y diez años en elevar su Producto Interior Bruto per cápita en un 2,5 por ciento. Una estimación incluso conservadora, según el consejero de Economía, Rogelio Velasco, a la que se ha llegado siguiendo criterios muy técnicos.

Actualmente, el PIB per cápita, indicador que vincula toda la riqueza producida en la región con el número de habitantes, sitúa a Andalucía un 26 por ciento por debajo de la media española. La economía andaluza es por su tamaño la tercera del país, pero al ponerla en relación con el número de habitantes es decir, la riqueza media producida durante un año por persona, cae a la cola sólo por delante de Extremadura.

Para el gobierno andaluz, esa brecha puede empezar a reducirse introduciendo cambios normativos que permitan liberar la economía de corsés burocráticos y normativos que espantan a inversores y desaniman empresas y emprendedores.

Los cambios, según el Gobierno andaluz, son más necesarios en un momento en que a las amenazas e incertidumbres que ya habían despertado el ‘Brexit’, las tensiones proteccionistas y la desaceleración económica mundial se ha sumado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, cuya incidencia en la economía concita los peores augurios.

Bajo ese criterio, el Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del lunes pasado una amplísima reforma legal contenida en un decreto ley que modifica 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas en esa dirección. Es la reforma legal más ambiciosa de todas las impulsadas por el Gobierno andaluz desde su llegada al poder en enero de 2019 y la que marcará sin dudas toda su gestión.

Sus objetivos, señala el Gobierno andaluz, son ambiciosos: reorientar el modelo productivo de la comunidad autónoma y hacerlo más competitivo y sostenible. El decreto, según el consejero de Economía, Rogelio Velasco, es «el trabajo más ambicioso que nunca se ha realizado en la historia de la comunidad autónoma para la revisión y simplificación de la legislación vinculada a la actividad económica». 

En los trabajos previos a su redacción ha trabajado un grupo de 17 expertos integrado por altos directivos de la Administración, profesores universitarios, directivos del mundo de la empresa y funcionarios designados por la propia Junta. Sus conclusiones derivaron en el texto del decreto, que también se nutrió de un trabajo realizado desde la Consejería de Economía mediante el que se revisaron 827 procedimientos administrativos que afectan a la actividad de las empresas. Se llegó a la conclusión de que uno de cada cuatro podían simplificarse.

En esos trabajos previos tuvo una participación activa la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuyo presidente, Javier González de Lara, aseguró a este periódico que el decreto es una muy buena noticia para la economía andaluza. «Da respuesta a una demanda histórica y debe ser considerado un punto de partida», advierte el dirigente empresarial, que llama la atención sobre la aplicación de la nueva norma que deberá gestionarse en gran parte desde los ayuntamientos.

Según señala el texto introductorio del decreto, Andalucía no está actualmente bien situada en materia de regulación económica. Una empresa tarda 162 días de media en obtener permisos de construcción, mientras que en La Rioja, comunidad donde los trámites son más rápidos, se demora 101 días. En Singapur, los permisos se obtienen en 26 días. En Andalucía, una pyme demora en completar la tramitación administrativa para ponerse en marcha 168 días; en Castilla y León, 62.

Todo ello, sostiene el Gobierno andaluz, coloca a Andalucía en una situación especialmente vulnerable en el caso de la llegada de una desaceleración económica como la que está llamando a las puertas.

La nueva norma, presentada bajo el nombre de Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva Andaluza, apareció publicada en el BOJA el pasado jueves y tiene todavía por delante el trámite parlamentario. Afecta prácticamente a todas las áreas de gobierno. Aunque su redacción han sido coordinada desde la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha tenido participación activas de otras áreas. En su presentación tomaron parte además del vicepresidente, Juan Marín; el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el consejero de Economía, Rogelio Velasco, los titulares de Hacienda, Juan Bravo; Agricultura, Carmen Crespo, y Fomento, Marifran Carazo.

Urbanismo 

Una de las áreas en la que incide la nueva norma y donde se introducen cambios más radicales es urbanismo. Para las obras menores (las de escasa entidad constructiva y sencillez técnica) se sustituye la licencia de obras municipal por una ‘declaración responsable’, lo que permite comenzar la obra desde el momento de la presentación de la misma sin esperar a la concesión de la licencia. Esto también es válido para las obras en edificaciones ya existentes en suelo urbano consolidado. Las obras que se inicien con la presentación de la declaración responsable tendrán que ser conformes a la ordenación urbanística y no podrán alterar los parámetros de ocupación y altura ni suponer incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas.

También se aplicará la figura de la declaración responsable para sustituir a la actual licencia de primera ocupación para inmuebles situados en suelo urbano consolidado, con lo que se elimina un trámite que hasta ahora suele prolongarse en algunos municipios durante seis o más meses.

El control municipal para todos estos casos se realizará posteriormente. Según la Junta, se gana en agilidad y no se pierde seguridad jurídica. El Gobierno andaluz considera que la aplicación de esta medida en el caso de las licencias de primera ocupación supone un ahorro para el sector residencial de 1.500 euros por vivienda y mes, lo que extrapolado a los datos de vivienda nueva de 2019, según destaca el texto del decreto, se traduce en un ahorro de 170 millones de euros para el conjunto del sector en Andalucía.

También se modifica la tramitación de los planes generales, que actualmente demoran una media superior a los ocho años, al reforzarse la función de coordinación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística. Tras la aprobación inicial, los informes de todas las consejerías de la Junta deberán emitir sus informes de manera coordinada y su contenido tendrá que ser verificado en un único pronunciamiento. La reducción de plazos, según el Gobierno andaluz, puede ser de años.

Turismo 

El turismo es otra de la áreas en las que la nueva norma introduce cambios sustanciales que pueden tener importantes consecuencias.

Hasta ahora, la ley sólo permitía la constitución en régimen de propiedad horizontal a los alojamientos turísticos con una calificación superior a tres llaves en el caso de los apartamentos y cuatro estrellas, en el de los hoteles. Con la nueva norma, podrá acceder a este tipo de régimen cualquier alojamiento turístico. Ello supone que la propiedad de las viviendas o apartamentos que constituyen las unidades de alojamiento puedan corresponder a distintas personas y ser por lo tanto objeto de transacción económica. Esto, según la Junta, facilitará la inversión.

También se flexibilizarán los requisitos a los municipios de interior que quieran ser declarados como turísticos. El número de pernoctaciones necesario se reducirá, de modo que la cantidad de pueblos andaluces que podrán cumplir las condiciones exigidas aumentará en un 28%.

Asimismo, se permitirá que cualquier operador económico pueda ejercer la actividad de organizar viajes combinados sin que tenga la consideración de agencias de viajes.

También se derogará la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico. Se elimina de esta manera una figura que, según la Junta, la experiencia ha demostrado ineficaz. Con esta supresión, sostiene el texto de la nueva norma, se consigue ahorrar a los ayuntamientos las costosas adaptaciones de sus instrumentos de planeamiento, de forma que puedan destinar esos recursos al fomento de la actividad productiva local.

Comercio 

El decreto permitirá incrementar a los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados los días de apertura autorizados al año, que pasarán de los diez domingos y festivos actuales a 16. Este aumento se hará de forma progresiva, comenzando por dos días más de apertura en 2020 hasta llegar a 16 en 2022. Esta medida adapta la norma andaluza a la estatal. Los establecimientos de menos de 300 metros mantienen la autorización para abrir cualquier domingo o festivo. Según el Gobierno andaluz, con esta flexibilidad el tejido comercial podrá competir con las plataformas de venta electrónica.

Los ayuntamientos, que actualmente pueden permutar un festivo por otro que interese más, podrán hacerlo con dos.

También se cambia la norma para la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística, con las que los comercios tiene libertad de apertura durante determinadas épocas del año.

El consejero Rogelio Velasco considera que con estas medidas habrá un incremento de la demanda de un 0,9 por ciento, lo que supondrá un volumen adicional de negocio de 321 millones de euros, la generación de más de 900 nuevas empresas de comercio minorista, la apertura de más de mil nuevos locales y la creación de 3.000 empleos, .

Agricultura y pesca 

En materia de agricultura, se introduce la modificación de ocho leyes, entre las que figura la norma que regula las interprofesionales con el objetivo de incorporar al sector de la distribución conjuntamente con el productor, el transformador y el comercializador. Esta medida, entiende el Gobierno andaluz, supone un avance en la dirección de alcanzar un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y de establecer mecanismos de crisis más eficaces ante la situación que vive el sector. También se cambian artículos de la ley de pesca marítima para eliminar trabas burocráticas y facilitar la implantación y el desarrollo de proyectos de acuicultura.

Asimismo, se incluye una modificación en la ley de protección del origen y calidad de los vinos de Andalucía.

Industria 

El texto del decreto ley hace especial mención al sector industrial. Sostiene que su mayor carácter exportador y competitivo en un mercado global explica que la viabilidad de los proyectos de inversión dependa estrechamente de las barreras a la actividad que se puedan imponer con la regulación.

En ese sentido, se incluyen entre otras medidas cambios en la ley de aguas al considerar que la disponibilidad de este líquido es un factor estratégico para la industria y la rigidez del régimen actual sobre la asignación de recursos supone un serio obstáculo para el desarrollo del sector industrial.

Se incluyen por ello modificaciones normativas para equiparar los recursos procedentes de la desalación a los procedentes de aguas residuales o para adaptar la planificación hidrológica ante situaciones extraordinarias no previstas o estratégicas para Andalucía.

Patrimonio 

Se revisan los procedimientos de autorización administrativa regulados en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en relación a actuaciones sobre inmuebles en el entorno bienes de interés cultural para eliminar la hasta ahora obligatoria autorización de la Consejería de Cultura siempre y cuando se trate de intervenciones mínimas. Todo ello, sostiene el texto del decreto, «con el fin de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas».

 

Sector audiovisual 

Se elimina la restricción a entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local. Se elimina la exigencia de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial y también la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales con servicios de comunicación que no dispongan de título habilitante.