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JOSÉ LUIS PIEDRA
Jueves, 6 de febrero 2020, 13:42
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Gobierno andaluz coincidieron hoy en pedir un gran pacto de Estado para la transición energética que ven como oportunidad para Andalucía por el potencial de desarrollo de las energías renovables.
Así lo pusieron de ... relieve hoy l presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, durante la inauguración de la jornada 'Andalucía ante los retos de la transición energética' organizada en Sevilla por la patronal andaluza dentro del ciclo de eventos conmemorativos del 40º Aniversario de su constitución.
González de Lara dijo que «es necesario contar con una estrategia global y un pacto de Estado para decidir las pautas a seguir en los próximos años en materia de transición energética, cuyo proceso hay que abordar con mucha más intensidad y para el que las empresas necesitan, al igual que la sociedad, un tiempo para ir adaptándose y se puedan ir asumiendo estos criterios para la sostenibilidad».
Según el líder empresarial andaluz, «Andalucía necesita también una estrategia de transición energética transversal y a largo plazo que todavía no tenemos y que habrá que abordar, pero no se trata de imponer y decidir vía decreto ley o normas las obligaciones que tenemos que asumir, ya que todas las empresas y ciudadanía están concienciadas ya con el cambio climático». A su juicio, «hablar de energía en las empresas es hablar de un factor determinante ya que estamos hablamos de costes empresariales y de la competitividad»
El presidente de la patronal andaluza señaló que «Andalucía es un paraíso para las energías renovables y hay una oportunidad de negocio importantísima para convertir a la comunidad en líder de este sector, lo que permitirá un coste energético más económico para las empresas y garantizar además a las generaciones futuras un espacio más saludable
Por su parte, el consejero responsable de la gestión energética en Andalucía, Juan Bravo, respaldó la posición y demandas del dirigente empresarial andaluz y reclamó también un pacto de Estado en esta materia «ya que es hora de que se asuma esa responsabilidad para implicar a todas las comunidades».
Juan Bravo afirmó además que «es una oportunidad para que las empresas abaraten sus costes energéticos y para cuidar el medio ambiente y promover un desarrollo más sostenible, junto la generación de actividad económica y empleo que aportará el sector de las renovables».
Según el consejero, Andalucía ya ha presentado un plan al Estado para el desarrollo de infraestructuras energéticas en la comunidad con la petición de aportar el 45% de la nueva potencia renovable que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con 25.650 megavatios adicionales a los ya existentes. Esta propuesta que ha sido contrastada y consensuada con los principales agentes implicados, desde las empresas transportistas y distribuidoras de electricidad, promotores, asociaciones y los departamentos de la propia Junta de Andalucía con competencias en este ámbito.
Bravo avanzó que ya se trabaja en la planificación energética estratégica para el periodo 2021-2027 que reflejará la apuesta decidida del Gobierno andaluz por la implantación de las energías renovables, con una potencialidad bruta identificada para este sector en la región que supera los 300.000 megavatios.
En su intervención en las jornadas, el consejero puso de relieve lo nuevos proyectos de generación eléctrica con fuentes limpias impulsados durante 2019 que han supuesto incorporar un total de 1.112 nuevos megavatios (MW) conectados a la red. Se trata de 26 nuevas plantas renovables, que aportan 1.087 MW de potencia instalada, a los que se suman alrededor de 25 MW de nueva potencia fotovoltaica de menos de 10 MW.
De esta manera, Andalucía dispone, a fecha de enero de 2020, de una potencia eléctrica renovable instalada de 7.216 MW, lo que supone un crecimiento del 18% respecto a la existente el año anterior.
Los proyectos de tecnología solar fotovoltaica predominan con diferencia sobre los demás, con un total de 15 proyectos de más de 10 MW que suman una potencia instalada de 881 MW, el 80% del total. Este gran desarrollo fotovoltaico ha permitido que Andalucía duplique su potencia fotovoltaica conectada a la red, alcanzando los 1.799 MW contabilizados a 31 de diciembre de 2019, según los datos ofrecidos por la Agencia Andaluza de la Energía.
A gran distancia, se coloca la energía eólica, que incorpora 124 MW a través de seis proyectos, lo que representa el 11% del total. Esta tecnología se desarrolla en la comunidad autónoma desde los años 80 y con esta nueva aportación ya suma 3.448 MW distribuidos en 153 parques eólicos conectados a la red. Le sigue la puesta en servicio de una nueva planta de biomasa con una potencia de 46 MW que viene a consolidar la posición de liderazgo de Andalucía, puesto que la región encabeza el sector de la energía de la biomasa eléctrica en el ámbito nacional con 17 plantas que suman 274 MW.
La energía hidráulica, por su parte, añade a la contabilidad renovable andaluza una nueva planta con una potencia instalada de 34 MW, que hace que esta tecnología alcance los 650 MW con 93 centrales, según los datos que ofrece la Agencia Andaluza de la Energía y que pone a disposición de la ciudadanía a través de su web en el Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía MIEA y de forma desagregada mediante su aplicación Infoenergía.
La mitad de esta nueva potencia renovable instalada en Andalucía durante 2019 es resultado de las subastas estatales celebradas para la promoción de renovables a principios de 2016 y en los meses de mayo y julio de 2017. En concreto, 18 proyectos que suman 576 MW. El resto se debe a iniciativas privadas del propio sector.
«Estas nuevas plantas renovables constituyen solo una parte del gran número de proyectos que se está tramitando en Andalucía y que permitirá en los próximos años un elevado nivel de inversión en la comunidad andaluza», sostuvo Juan Bravo, que añadió que «gracias a los altos niveles de irradiación solar son rentables sin necesidad de tener que contar con un régimen retributivo específico que las incentive».
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