La Junta busca un plan para esquivar la sentencia del Constitucional que tumba las 35 horas

El Tribunal Constitucional anuló ayer la jornada laboral de 35 horas semanales de los funcionarios andaluces, que entró en vigor en enero. El alto tribunal estima el recurso presentado por el Gobierno central y también tumba las 18 horas lectivas establecidas para el personal docente. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció un plan de actuación para cumplir la sentencia sin que la vuelta a las 37,5 horas altere los actuales horarios ni suponga la eliminación del empleo creado con este motivo: Se considerará jornada el trabajo que se realice fuera del tiempo presencial hasta completar las dos hora y media de diferencia.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo que la comunidad «acata la sentencia» y «seguirá defendiendo a los empleados públicos». «Gobierno y sindicatos acordarán medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzcan despido de trabajadores». También la acata la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que recordó que según la sentencia el decreto-ley andaluz «vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas».

El fallo, que se ha retrasado sobre los plazos previstos, se alinea con los anteriores en el mismo sentido respecto a la reducción de jornada en Castilla La Mancha y en el País Vasco, si bien en el caso andaluz, el Gobierno tardó meses en dar el paso de acudir al TC, mientras la Junta confiaba en un acuerdo en la Comisión Mixta entre las dos administraciones y el presidente del PP-A anunciaba una propuesta para alcanzar un acuerdo que evitara que el TC suspendiera la medida, pero no ha habido caso.

La jornada laboral de 35 horas,de la que gozaban los funcionarios desde hace 18 años y que fue elevada a 37,5 en 2012 al inicio de la crisis, era uno de lo aspectos clave de la recuperación de derechos pactada por la Junta y los sindicatos en la Mesa de la Función Pública. Fue aprobada por un decreto-ley que el Parlamento convalidó en noviembre pasado, sin votos en contra, con la abstención de PP y C’s. Afecta a 250.000 trabajadores públicos (todos salvo los 20.000 de Justicia, cuyo horario está bajo régimen del Poder Judicial).

La Consejería de Hacienda estimó que supondría la creación de doce mil empleos, de los que en la actualidad se han efectuado siete mil. Estos se mantendrán, al estar consolidados en el Presupuesto andaluz, que precisamente ayer fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta. La consejera de Hacienda anunció que este martes el Consejo de Gobierno aprobará un acuerdo por el que se incorporará a la jornada laboral las horas de trabajo realizadas fuera del tiempo presencial, para legar hasta las 37,5 horas, de modo que no haya cambios en la situación actual.

Montero dijo que los contratos creados en virtud de esta norma seguirán vigentes y mandó «un mensaje de absoluta tranquilidad» . «La jornada presencial permanece como está, los contratos siguen vigentes –dijo– y lo que incorporamos para dar cumplimiento a la sentencia del TC es añadir una serie de tareas, actividades, líneas de trabajo, que desarrollan los trabajadores públicos en su día a día, donde estudian, descargan videos, ven reportajes, preparan clases, cuestiones bibliográficas, preparan trabajos» como sucede en el ámbito universitario, que ahora se extiende a otros sectores y que era, añadió, una antigua reivindicación de los sindicatos. El documento que se aprobará el martes está acordado con las organizaciones, porque «en los últimos días el silencio cómplice y vergonzante del PP nos hacía pensar que esto se estaba preparando», anotó.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares y que cuenta con un voto particular, considera que el decreto ley de la Junta vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas. Admite, como alega el Gobierno, que «es incompatible» con la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, «no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual».

Lo mismo ocurre, indica el TC, con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de educación infantil y primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada incompatible con la estatal, que establece que «la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas».

Como consecuencia de todo ello, la sentencia declara que ley recurrida invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos .

El TC estima también, dado el fallo, que no precisa pronunciarse sobre la eventual vulneración, que asimismo alegaba el Gobierno central, del artículo 86 de la Constitución y del art. 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, quien ya con anterioridad había expresado que el Tribunal debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida. Ambos establecen la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las Administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas. El Tribunal explica que, una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto recurrido por razones competenciales, no es necesario pronunciarse sobre la eventual vulneración, también denunciada por el recurrente, del art. 86 de la Constitución y del art. 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.

En su voto particular, el Magistrado Valdés Dal-Ré se remite a los argumentos con los que expresó su discrepancia respecto de las STC 99/2016 y 158/2016. Entonces consideró que el Tribunal debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida. Estos preceptos establecen, respectivamente, la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las Administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas.