La Junta convoca a los ayuntamientos a adherirse al decreto de medidas urgentes para la vivienda

Díaz reivindicó que se trata de un decreto que contiene un plan de choque «hecho con diálogo, consenso y mucho esfuerzo» y pidió a los municipios que se adhieran a las medidas porque «facilitan y agilizan el desarrollo de suelo urbanizado para impulsar la construcción de vivienda protegida».

La consejera explicó que con el decreto se persigue aumentar la oferta de vivienda a precio asequible y garantizar el acceso a quienes más lo necesitan y aseguró Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez provocó colapso del mercado inmobiliario, con menos oferta, menos inversión y menos seguridad para propietarios e inquilinos. «Jamás se había hecho tanto daño a la vivienda», afirmó.

Frente a este escenario, Díaz señaló que las medidas previstas en el decreto, que se incluirán en la futura Ley de Vivienda de Andalucía, ofrecen soluciones reales al propiciar un aumento de la oferta y destacó el papel clave que el texto reserva a a los ayuntamientos, a los que se dota de las herramientas necesarias para utilizar todo el suelo vacante para uso residencial y adaptarlo a las necesidades de la población.

Para ello, explicó, se ha facilitado y agilizado el desarrollo de suelo urbanizado para su uso inmediato para la construcción de vivienda protegida con una serie de cambios normativos que permitirán que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. También se podrá escoger para vivienda protegida en alquiler de forma permanente aquellos suelos dotacionales privados o públicos sin destino específico. Asimismo, se permitirá que un aumento de la densidad y la edificabilidad a los suelos que vayan a destinarse a vivienda protegida.

El posicionamiento de los grupos permitió comprobar que la propuesta no ha convencido más allá de las filas del Partido Popular. La parlamentaria de esta formación Ana Chocano dijo que la iniciativa del Gobierno andaluz refleja políticas útiles frente a las del Ejecutivo de Sánchez, que en su opinión han provocado un incremento del precio de venta y alquiler y un aumento de las 'okupaciones'.

Isabel Ambrosio, del PSOE-A, afirmó que no es creíble la urgencia con la que dice actuar la Junta, que en su opinión ha presentado «un batiburrillo de medidas dispersas» con la que es imposible que se cumpla la previsión de construir en cinco años 20.000 viviendas protegidas.

Ambrosio criticó también que la Junta no quiera utilizar la ley estatal para declarar zonas tensionadas, una medida que estaría en su mano. «Lo rechazan porque viene del Gobierno de España», afirmó.

El diputado de Vox Ricardo López Olea aseguró que las medidas llegan tarde y carecen de rigor y valentía. Este parlamentario atribuyó la falta de viviendas a la inmigración y a las políticas «que le están quitando los derechos a los españoles para dárselo a quienes vienen de fuera»

José Manuel Jurado, de Por Andalucía, criticó que el Gobierno andaluz lleve «seis años sin hacer nada» y que se abstenga siquiera de definir qué es la especulación. «Cuando hay un conflicto social, no intervenir es intervenir en favor de los fuertes», advirtió.