La Junta aumentará los controles y analiza reformar la ley para evitar las puertas giratorias

Moreno respondió de esa manera a los portavoces de los cuatro grupos de la oposición, que en sus intervenciones aludieron de una u otra manera al caso de Guzmán, sobre quien un informe elaborado por la Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía determinó que la incorporación inmediata a la aseguradora privada era compatible con su reciente condición de viceconsejero, pero no con el cargo de gerente del Servicio Andaluz de Salud que ocupó anteriormente.

Guzmán abandonó en diciembre su puesto como número dos de la Consejería, donde mantenía desavenencias con la consejera, Catalina García, y tres meses después comunicó que se incorporaba como director médico de la aseguradora Asisa, con la que la durante su gestión la Junta firmó contratos para la concertación de servicios por más de 40 millones de euros.

Este movimiento fue recibido por sorpresa en el Gobierno andaluz, desde donde se aseguró que desconocían el fichaje. Uno de los cambios que ahora pretende incluir el Ejecutivo en la reforma de la norma es la obligatoriedad de los altos cargos de comunicar previamente a qué empresa se incorporan cuando abandonen la Administración pública. Con la actual ley, esta obligación no existe, por lo que la Junta no tiene herramientas para tomar conocimiento de a dónde se marchan los directivos que dejan de serlo y analizar en consecuencia una eventual situación de incompatibilidad.

Otra de las medidas que analiza el Gobierno andaluz es reducir los tiempos de incompatibilidad, fijado actualmente en dos años, o igualar la ley andaluza con la estatal, que cuenta con más cesantías, es decir, las compensaciones que reciben los altos cargos cuando dejan de serlo.

Moreno reconoció que la ley autonómica que regula estas situaciones, que ya fue reformada en la anterior legislatura, tiene carencias y es necesario reformarla, pero rechazó que ello suponga abrir una causa general contra los altos cargos o transmitir la idea de que existen corruptelas. En su opinión, lo que sí es necesario una reflexión para mejorar la norma huyendo del oportunismo y de la manipulación política.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, a quien la oposición ha reclamado la dimisión por este asunto, defendió la actuación del departamento que dirige. Aseguró que el tema fue gestionado de forma clara y transparente tras conocer, a través de los medios de comunicación el fichaje de Guzmán por una aseguradora privada.

«Cuando tuvimos conocimiento de esa posible contratación que no se llegó a efectuar, se hizo un informe por parte de la Secretaría General de Función Pública«, dijo la consejera, que recordó que ese informe declaró la incompatibilidad con la etapa de Guzmán como gerente del SAS.

También incidió en que el Gobierno andaluz considera que la ley de incompatibilidad vigente es «muy mejorable», por lo que se plantea su reforma, aunque advirtió de que debe hacerse de tal manera de que a la sanidad pública se puedan incorporar profesionales provenientes de la privada y viceversa.