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La cascada de sentencias que en los próximos días saldrán del Tribunal Constitucional anulando total o parcialmente sentencias del caso de los ERE, cuyas ponencias se van conociendo en un goteo constante, no cambia el discurso del Gobierno andaluz sobre lo que ha significado ese ... procedimiento en la historia reciente de Andalucía. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, considera una desvergüenza que desde las filas socialistas se esté reclamando que se pida perdón a sus cargos condenados en esta causa. «Los que tienen que pedir perdón son los que se gastaron el dinero de los parados en drogas y en prostitutas», arremetió.
Para el portavoz del Gobierno andaluz, la actuación del Tribunal Constitucional en este asunto está cruzando líneas asta ahora inéditas. Primero al dictar una sentencia -la que afecta a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez- que fue adelantada en un mitin electoral por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después actuando como un tribunal de casación cuando su función debe limitarse a comprobar si durante un procedimiento se han vulnerado derechos constitucionales.
Fernández-Pacheco llamó la atención sobre la participación que en este asunto están teniendo dos de los miembros del Constitucional -su presidente, Cándido Conde-Pumpido y el exministro socialista Juan Carlos Campo, con fuertes vinculaciones con algunos de los condenados-, que en su opinión deberían abstenerse.
Tanto el adelanto de la sentencia por parte del presidente del Gobierno en un mitin del PSOE como la participación en las votaciones de magistrados con fuertes vínculos políticos y personales con los condenados son, según el portavoz de la Junta, indicios «que pueden llevar a pensar que hay cierto manoseo del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno».
Cualquiera sea la naturaleza de las decisiones que el tribunal tomará sobre los recursos presentados por los ex altos cargos socialistas condenados, la Junta no tiene previsto cambiar su discurso sobre esta causa, que en opinión del portavoz del Gobierno andaluz seguirá siendo el mayor caso de corrupción con dos presidentes autonómicos y cinco consejeros condenados, 680 millones de euros malversados y un centenar de piezas separadas todavía pendientes de juzgar.
Fernández-Pacheco señaló que esos recursos públicos fueron utilizados por el PSOE para crear una red clientelar que le permitió ganar elecciones y mantenerse en el poder en Andalucía y aseguró que el Gobierno andaluz seguirá batallando para recuperarlos.
En el PSOE-A, las críticas que en estos días se lanzan desde el Gobierno andaluz al Tribunal Constitucional están siendo recibidas con indignación. El portavoz de la ejecutiva regional socialista, Josele Aguilar, considera que se trata de una grave irresponsabilidad cuestionar al tribunal y señalar a sus magistrados.
Para Aguilar, en la Junta cunde el nerviosismo porque «se está viniendo abajo el tinglado que han construido para desprestigiar al PSOE». El portavoz pidió que cesen lo que considera ataques del Gobierno andaluz al Constitucional y que se deje de hablar de un robo de recursos públicos que en su opinión nunca ha existido.
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