La Junta aplicará el decreto de ahorro energético con la máxima flexibilidad al sector privado

La Junta de Andalucía no se declarará insumisa frente al decreto-ley de ahorro energético y tampoco lo recurrirá salvo que sus servicios jurídicos detecten que la norma invaden las competencias autonómicas. Sin embargo, vigilará su cumplimiento en el sector privado con la máxima flexibilidad que sea posible.

El Gobierno andaluz afronta la próxima entrada en vigor del decreto-ley desde una posición extremadamente crítica que sin embargo no llega al extremo de otras comunidades gobernadas por el PP, especialmente con Madrid, que ha anunciado un recurso.

La postura de la Junta es evitar la confrontación judicial con el Gobierno, mantener el llamamiento al diálogo y aplicar la norma con la máxima flexibilidad con que sea posible. Pese a que las medidas han sido impuestas por el Ejecutivo central, la vigilancia de su cumplimiento corresponde a las comunidades autónomas. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, llamó la atención sobre la desproporción de las sanciones que se aplican y la realidad del tejido empresarial andaluz.

El consejero aseguró que pese a disentir tanto en la forma en que se ha aprobado la norma como en su contenido, «la Junta cumplirá con su obligación, pero necesitamos actuar de otra forma». Recordó que el plan de la Unión Europea no impone como alcanzar los objetivos de ahorro -que en el caso de España son del 7 por ciento- y sin embargo el Gobierno no ha querido escuchar a los sectores afectados.

Según Paradela, lo más adecuado hubiese sido que se acordaran los objetivos y que cada comunidad decidiera con libertad cómo alcanzarlos y adelantó que el criterio del Gobierno andaluz es hacer un uso ejemplar de la energía en la administración pública, tanto en ahorro como en eficiencia, y aplicar una política de incentivos y recomendaciones con el sector privado. Con esa estrategia, en su opinión, se hubieran alcanzado mejores resultados que los que se conseguirán con las medidas aprobadas unilateralmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aunque la Junta no tiene previsto ir a los tribunales para conseguir la nulidad del decreto-ley, sus servicios jurídicos lo estudiarán por si supone una transgresión del marco competencial, aunque se trata de una forma de actuar que se adopta con todas las normas. Dispone para ello de un plazo de tres meses.

• Temas
• Junta de Andalucía
• Energía