La Junta de Andalucía trabaja en crear la oficina de expresidentes

La Junta de Andalucía ha estimado que el coste anual de esa Oficina será de 223.843,78 euros, cantidad resultante de los recursos humanos que pone a su disposición, cuyo coste cifra en 194.163,78 euros, así como otros 29.680 euros para gastos de funcionamiento, según detalla la información anexa a ese borrador de decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

Esa Oficina de apoyo a quienes hayan sido presidentes andaluces estará a su servicio desde el cese en el cargo hasta que cumplan los 75 años de edad, como figura en el borrador de decreto.

El personal que tendrán a su servicio es un asesor de nivel 30, un automóvil de representación y dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta. Este personal podrá ser nombrado y cesado libremente por el titular de la Consejería de la Presidencia a propuesta del expresidente o expresidenta.

La ubicación de esa Oficina, «siempre que sea posible», según precisa el borrador de decreto, será «en las instalaciones del Parlamento de Andalucía».

Este borrador de decreto prevé que los medios de apoyo para los expresidentes sean «renunciables», para lo cual presentarán un escrito ante «la persona titular de la Consejería competente en materia de Presidencia y se dará cuenta de la misma al Consejo de Gobierno».

El Gobierno andaluz justifica esta iniciativa en las previsiones recogidas en la Ley 2/2005 que regula el Estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, norma donde se planteaba dotar a los expresidentes de medios para que tuvieran una Oficina a su servicio.

La Junta explica su iniciativa aludiendo «al tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 2/2005» y a «la ausencia hasta el momento de un desarrollo reglamentario» para acometer esa iniciativa de poner en marcha la Oficina.

En la Disposición transitoria única del futuro decreto se señala que «será de aplicación a quienes a su entrada en vigor tengan la condición de expresidentes o expresidentas de la Junta de Andalucía, así como quienes adquieran esta condición en lo sucesivo, surtiendo efecto desde la fecha de cese en el desempeño del cargo».

En la historia de la Junta de Andalucía se contabilizan cinco expresidentes: Rafael Escuredo (1979-1984); José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990); Manuel Chaves (1990-2009); José Antonio Griñán (2009-2013); y Susana Díaz (2013-2019).

Pero de todos ellos, sólo la última expresidenta, Susana Díaz (Sevilla, 1974), en la actualidad senadora por el PSOE en representación de la Comunidad Autónoma, es la única que aparece como potencial beneficiaria de contar con una Oficina de expresidenta por cuanto es la única que cumple el requisito que prevé el futuro decreto, que acota hasta los 75 años la edad a la que poder acogerse a esta iniciativa.

Escuredo (Estepa (Sevilla), 1944) cumplirá 80 años el 20 de febrero; Rodríguez de la Borbolla (Sevilla, 1947) tendrá 77 años en abril; Chaves (Ceuta, 1945) alcanzará los 79 años en julio; y Griñán (Madrid, 1946) sumará 78 años en junio, por lo cual, todos ellos quedan excluidos.

Originariamente en la Ley 2/2005 del Estatuto de los expresidentes de la Junta se contemplaba que éstos, al llegar a los 65 años y tras el cese de su actividad laboral, percibirían una asignación mensual que sería del 60% de la retribución mensual que tuviera el presidente andaluz.

Esa prestación desapareció con la Ley 9/2011, que modificó la Ley 2/2005. El Gobierno andaluz, presidido entonces por Griñán, encomendó a un Grupo de Trabajo modificaciones legislativas y normativas en materia de transparencia y calidad democrática y después de esas aportaciones «se elimina la asignación mensual prevista» para expresidentes.

El Gobierno andaluz aprobó el 27 de diciembre el Decreto-ley para la subida de sueldo de Moreno y de otros 268 altos cargos, que ha convalidado la Diputación Permanente del Parlamento esta semana.

El sueldo de Moreno pasa de los 71.667,36 euros previstos en la Ley del Presupuesto de 2024 a 87.268,10 euros, incluida en esta cifra una subida del 2,5% previsto para los funcionarios. El sueldo de Moreno tiene como tope el sueldo de los portavoces parlamentarios, excluidos los gastos de locomoción, respecto al cual debe ser inferior en un 5%.

La Generalitat de Cataluña incluye una partida de 252.000 euros para afrontar los gastos de las Oficinas de los expresidentes en el Presupuesto 2023 y provisiona otros 950.000 euros para las asignaciones temporales y pensiones de los expresidentes de la Generalitat y del Parlament. La Ley 6/2003 regula el Estatuto de los expresidents, que ha modificado con la Ley 11/2015.

La Comunidad de Madrid ha presentado en noviembre una Proposición de Ley para modificar su normativa sobre los expresidentes, quienes hasta el año 2018 percibieron una paga mensual vitalicia de 8.500 euros.

La Comunidad Valenciana (Ley 6/2002) y Castilla y León (Ley 12/2005) también tienen Estatutos para sus expresidentes.

El Estado puso en marcha entre 1983 y 1992 el Estatuto de los expresidentes del Gobierno a través de dos decretos.

En la Memoria Económica del borrador de decreto se explica, sobre los medios personales que se asignarían a los expresidentes de la Junta, que «dichos puestos se encuentran ya dotados y sus créditos previstos en el servicio 03 programa 11A» de la Consejería de la Presidencia.

«Por tanto, no supone creación de puestos sino asignación a la misma de los existentes», indica ese documento, que apunta que «no obstante, deberán realizar la modificación de relación de puestos que corresponda una vez que haya sido aprobada la disposición normativa objeto de este informe».

«Sobre este apartado de gastos de personal se apunta que el borrador de Decreto sólo incluye los puestos de la Oficina que correspondería por persona que hubiera ostentado el cargo de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por lo que cualquier cambio en el futuro que implicara nuevas necesidades de puestos y demás gastos de esta oficina deberá venir acompañada de la correspondiente propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de esa Consejería, junto con la respectiva financiación en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía», dice el informe que rubrica el director general de Presupuesto, Eduardo León.