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JOSÉ LUIS PIEDRA
sevilla.
Viernes, 16 de octubre 2020, 02:00
El Gobierno andaluz sigue avanzando en las negociaciones presupuestarias con los representantes de Vox con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo con esta formación, ... el tercero en esta legislatura, que le permitiría garantizar de esta forma las cuentas para 2021 en un momento muy difícil por la crisis de la pandemia. Una representación de Vox, con su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, al frente, mantuvo ayer una nueva reunión con el equipo de la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo para ultimar ese nuevo acuerdo que, sin embargo, aleja el consenso que el Ejecutivo de Juanma Moreno anhela para sacar adelante este presupuesto con el apoyo también de los grupos de la oposición, PSOE-A y Adelante Andalucía, que ven este cercano acuerdo con Vox una señal clara de no tener mucho interés en negociar y pactar con ellos estas cuentas en este trance tan complicado.
El portavoz de Vox puso de relieve ayer que las negociaciones van «por el buen camino» y reconoció que ya están trabajando sobre «un borrador, pero hay que cuadrar el texto», precisó. Además, elogió el «gran esfuerzo» del departamento de Juan Bravo para elaborar estas cuentas con las que poder afrontar la salida a esta crisis. Este avance en los contactos con Vox está provocando los recelos de PSOE-A y Adelante y, sin duda, están complicando el entendimiento con el Gobierno de PP-A y Ciudadanos, que «no tiene el más mínimo interés» en negociar con la oposición el presupuesto porque sólo lo pactará con la ultraderecha de Vox», aseguró ayer el parlamentario socialista Carmelo Gómez.
«Ya sabemos por experiencia que el Gobierno andaluz pactará los presupuestos con sus socios de Vox y después los pasará a oposición», lamentó Gómez, que señaló que «a día de hoy no tenemos los presupuestos reales de la Junta, sólo tenemos directrices filosóficas y de ideas, pero no plasmadas en números ni en compromisos reales». Además, el diputado socialista afirmó que «no tienen el más mínimo interés de negociar con la oposición porque su respuesta ideológica a los problemas de los andaluces está radicalmente en contra de la visión del PSOE». Con todo, mostró la disposición de su grupo a pactar las cuentas públicas «siempre que pasen por reforzar la sanidad y la educación públicas y mejorar el empleo».
Igualmente de desesperanzado en las negociaciones se muestra el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, que instó a Juanma Moreno «a hacer gala de su moderación y diálogo que vende y llegue a acuerdos presupuestarios». Para ello, reclamó políticas expansivas para un cambio de modelo productivo y para un blindaje de los servicios públicos pero, «por desgracia, la música de la austeridad sigue sonando en este Gobierno y no tenemos muchas esperanzas», manifestó.
Valero consideró «calamitosa» la situación de los servicios públicos en la pandemia» y solicitó una «mirada larga para afrontar la situación actual, ya que hacen falta unas reformas estructurales en Andalucía que pongan los cimientos de un cambio de modelo productivo». La confección del presupuesto andaluz para 2021 ya ha arrancado con la aprobación de su articulado por parte del Consejo de Gobierno el pasado martes y su cuantía la situó en cerca de 40.0000 millones de euros el portavoz gubernamental y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aunque el consejero de Hacienda advirtió de que no serán «unos presupuestos expansivos».
La Junta de Andalucía reclamará al Gobierno estatal casi un tercio del total los fondos europeos que llegarán a España para afrontar la crisis provocada por la pandemia, según avanzó ayer el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. A su juicio, Andalucía debería percibir el 32% de los 72.000 millones a fondo perdido previstos por la UE para todo el territorio nacional si el Gobierno de Pedro Sánchez aplica como criterios de reparto «el PIB, el desempleo y la población» que aplicó Bruselas para su distribución por países, dijo Bravo a Canal Sur TV. Esto supondría la llegada a Andalucía de cerca de 24.000 millones para proyectos a ejecutar, no solo por el Estado, sino también las comunidades, ayuntamientos, diputaciones».
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