La Junta endurece la norma de altos cargos para evitar casos como el del exviceconsejero de Salud

El consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, reconoció que el caso de Guzmán dejó al descubierto una brecha en el control de incompatibilidades en la Junta. «Vimos que las normas de otra época no tenían viabilidad», dijo Nieto.

El decreto aprobado señala que la norma en vigor no ha contemplado ningún procedimiento para que las personas afectadas obtengan un pronunciamiento de la Administración autonómica sobre si las actividades que tengan intención de desarrollar en el periodo de dos años tras el cese, se ajustaría a la normativa de incompatibilidades, como sí lo ha hecho con las actividades a realizar durante el desarrollo del cargo.

Además, según, explicó el consejero, determina que hay solicitar autorización a la hora de pasarse al sector privado, pero no establece en detalle quién debe hacerlo, ni tampoco de qué manera.

Según Nieto, la norma en vigor no regula ningún procedimiento para que las personas afectadas obtengan un pronunciamiento de la Administración sobre si la labor profesional que vayan a desarrollar en esos dos años se ajusta a la normativa de incompatibilidades, y conflictos de intereses.

Argumentó que ello provoca una inseguridad jurídica a quienes han ejercido cargo público sobre qué actividades pueden ejercer o no en los dos años posteriores a su cese, así como las posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir, pero también a las empresas privadas a la hora de contratar a una persona que durante los dos años anteriores ha desempeñado un cargo en la Junta.

Por ese motivo, el decreto aprobado este martes establece un procedimiento mediante el cual los altos cargos que dejen la Junta y se dispongan a pasar al sector privado quedan obligados a pedir un informe sobre un posible conflicto de intereses. En caso de no hacerlo, incurrirán automáticamente en incompatibilidad y se considerará que habrán cometido una infracción muy grave. Deberán devolver lo percibido hasta entonces como compensación por dejar el cargo y no podrán volver a la Administración por un periodo entre seis y diez años.

El decreto ley, que afecta a los más de 120 altos cargos de la Junta -incluidos los viceconsejeros, directores generales y secretarios generales-, supone la modificación de dos leyes y tendrá que ser convalidada antes de un mes por el Parlamento.

Sin embargo, el Gobierno andaluz tiene la intención de elaborar posteriormente una norma más amplia que supondrá convertir este decreto en una ley, que podría aprobarse antes de fin de año, o iniciar desde el comienzo la tramitación de una nueva ley, en cuyo caso el horizonte temporal de aprobación se extendería al final de la legislatura. Los cambios aprobados este martes, según el consejero, deben servir de base para que en el menor tiempo posible haya una ley completa que aborde el problema de las incompatibilidades en toda su complejidad.

El objetivo, explicó, es asegurarse de que nadie pueda aprovecharse de la actividad pública para conseguir una salida en el sector privado, pero también que nadie se vea perjudicado a la hora de dejar un puesto en la administración y retomar una actividad laboral al margen de lo público.