La Junta de Andalucía advierte de que la norma estatal puede dejar a autónomos sin ayudas

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 2 de junio 2021, 00:42

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La Junta comenzará a gestionar este mes las ayudas a pymes y autónomos financiadas con los 1.109 millones de euros que el Gobierno ha asignado a Andalucía en el reparto de los fondos Covid. La Consejería de Empleo tiene previsto que entre finales de julio y principios de agosto se pueda comenzar a pagar a los beneficiarios, que recibirán cantidades a partir de 3.000 euros.

Será, según ha advertido la consejera, Rocío Blanco, una tramitación engorrosa producto de la normativa diseñada por el Gobierno central que, aseguró, ha dejado con poco margen a la Administración autonómica. No se trata, dijo, de una crítica política, sino técnica, que comparten la mayor parte de los gobiernos autonómicos, como el de Valencia, con el que la Junta de Andalucía ha estado buscando soluciones para que las ayudas puedan alcanzar al mayor número posible de beneficiarios.

El mayor de los problemas, explicó, deriva de que no se trata de ayudas directas, como se ha anunciado, sino de subvenciones con carácter finalista cuyo destino será necesario justificar, lo que obliga a presentar una cantidad ingente de documentación que dificultará y alargará los trámites.

Una de las limitaciones impuestas en la norma aprobada por el Gobierno central, que la Junta ha tenido que reproducir, establece como beneficiarios a empresas y autónomos que, entre otras condiciones, no hayan declarado pérdidas en el ejercicio 2019, el previo a la pandemia, y cuya facturación haya disminuido en más de un 30 por ciento en 2020 con respecto al año anterior.

Ambas condiciones, según Blanco, dejarán fuera a muchas empresas y autónomos. También quedarán excluidos quienes no tengan deudas pendientes a la fecha de la emisión del decreto-ley. En concreto, las subvenciones deberán destinarse a pagar deuda a acreedores no financieros, y a costes fijos, correspondientes al periodo comprendido entre marzo de 2020 y mayo de 2021, y que aún no se hayan satisfecho. Las ayudas no podrán destinarse a recuperar pagos ya realizados. Por ello, la consejera llamó la atención sobre que se trata de una medida «que discrimina a quienes han cumplido con la Ley de Morosidad, que obliga a pagar una factura en los 30 días siguientes de su emisión».

Para la titular de Empleo, se trata de una buena idea, pero pésimamente diseñada que además traslada a las comunidades autónomas el coste de su aplicación. Entre otros aspectos, criticó que habrá que evaluar «millones de justificantes de pago» y que los proveedores deberán ser atendidos por orden de antigüedad. «Es un seguimiento imposible», aseguró. La medida que proponía la Junta, que no prosperó, fijaba la contabilización de «las deudas pendientes y los pagos ya realizados». «La mayoría de las comunidades piensan como nosotros», dijo la consejera, para quien la medida presenta defectos técnicos muy graves. Uno de ellos, dijo, es que diferenciar la caja y el devengo, lo que limita seriamente sus efectos.

A pesar de las dificultades que presenta la norma, Blanco explicó que se ha intentado diseñar un proceso de automatización y que el objetivo es que no quede ni un solo euro por repartir.

Las subvenciones serán de 3.000 euros para los beneficiarios que tributen por estimación objetiva (los módulos) en el IRPF y de 4.000 a 200.000 euros para los contribuyentes por el Impuesto de Sociedades.