La Junta presenta «con espíritu constructivo» alegaciones a la modificación de la Ley del Suelo

Ahora, el Gobierno andaluz ha presentado sus alegaciones al proyecto de ley que impulsa el Ministerio el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana y lo hecho tras subrayar que se trata de una norma largamente demandada por las comunidades autónomas, en las que recaen las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio. En concreto, la Consejería solicita que la reforma legislativa sea más amplia y precisa y que se tramite con urgencia. También espera que la tramitación no se vea bloqueada por discrepancias internas en el Gobierno de coalición.

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda recuerdan que la iniciativa del Gobierno nace de una Proposición de Ley del Partido Popular del año 2018 que ha estado paralizada durante todo este tiempo, y que responde a una demanda insistente de las propias comunidades autónomas, pero también de los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales.

En los últimos años, se han repetido casos en los que la anulación en los tribunales de los planes generales de ordenación urbana tras años de tramitación dejó a los municipios en una situación de inseguridad jurídica que repercutió en su desarrollo urbanístico, con consecuencias directas en la economía. En el caso andaluz, así sucedió en localidades como Marbella, Jaén, Chiclana de la Frontera o El Puerto de Santa María. El proyecto del Gobierno restringe la nulidad de los planes a casos que afectan a la globalidad de estos y se posibilita la subsanación de estas revisiones urbanísticas, pero la Junta considera que lo que se plantea en la reforma de la ley es insuficiente.

Por ese motivo, la Consejería de Fomento presentó durante el trámite de audiencia un total de 12 alegaciones, entre las que se incluyen algunas en las que se solicita una mayor precisión en la regulación de los supuestos de nulidad de pleno derecho de los planes y de la acción pública. También reclama que se establezca un régimen transitorio que permita aplicar la reforma legislativa a los planes que se encuentran en tramitación para que puedan aprobarse con las garantías que establece la reforma legislativa.

Desde Fomento insisten en que la participación de Andalucía en este periodo de Audiencia se hace «con sentido constructivo, respeto institucional y sin poner obstáculos a las iniciativas legislativas que, aunque tarde, se promueven para mejorar la seguridad jurídica» y resaltan que la postura adoptada por la Junta difiere de la que ha venido mostrando el Gobierno central en relación con las últimas leyes aprobadas en el Parlamento de Andalucía, incluida la LISTA.

Recuerdan también que en la ley andaluza se abordaron parte de las medidas que se contemplan en la modificación de la Ley de suelo estatal, aunque no pudo hacerse con el alcance pretendido en aquellas materias que corresponde regular al Estado. Así, la Consejería de Fomento considera que la nueva norma que impulsa el Gobierno central completa el camino iniciado por la Junta con la aprobación de la LISTA en 2021 y que culminó con la aprobación de desarrollo reglamentario el pasado noviembre.

Desde el Ministerio se asegura que la reforma que impulsa tiene como uno de sus objetivos evitar la paralización durante años del planeamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables y reconoce que este hecho provocaba enorme inseguridad jurídica y perjuicios económicos.

La consideración de estos planes como reglamentos ha ocasionado que cualquier defecto, ya fuera material o puramente formal, tuviera como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Dicha decisión provocaba, a su vez, la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, con sus consecuentes derivadas jurídicas, económicas y sociales.