La Junta y los agentes sociales firman un pacto para desplegar «el mayor escudo social de la historia en Andalucía»

El acuerdo, que llega en un momento en el que la mayor parte de las ataques de la oposición al Gobierno andaluz se centran en el deterioro de la atención primaria, parece destinado en parte a ahogar esas críticas en una lluvia de millones. La parte central del pacto contempla destinar más de 3.000 millones de euros al fortalecimiento de ese servicio público.

El documento ha sido rubricado este lunes, en un acto solemne celebrado en el Palacio de San Telmo, por el presidente de la Junta; el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y las secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente.

El pacto prevé iniciativas en un doble sentido, un bloque de medidas urgentes para dar respuesta a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania y de la sequía, y otro con actuaciones de más largo alcance para el impulso de la economía andaluza.

Moreno aseguró que la firma, que llega después de más de 90 horas de reuniones, da respuesta de forma planificada y consensuada a las dificultades causadas por la crisis económica. «Es la respuesta que da Andalucía a un tiempo plagado de incertidumbres», dijo el presidente, que destacó que no se trata de una respuesta unilateral del Gobierno andaluz, sino de la sociedad representada también por los agentes sociales. La Junta considera que esta iniciativa sitúa a Andalucía como referente en el diálogo social.

El presidente destacó que la comunidad necesita de una recuperación rápida y para todos, salvaguardando el tejido empresarial y desplegando un escudo social, el mayor en la historia de Andalucía, según aseguró.

Tras valorar la madurez de los actores sociales y la altura de miras y sentido de la responsabilidad que permitieron llegar al acuerdo tras una negociación que no dudó en calificar de compleja, aseguró que la firma supone un ejemplo para el resto de España.

En total, se prevé la movilización de unos nueve mil millones de euros, de los que cerca de la mitad corresponden a las medidas urgentes para apoyo a las familias, personas trabajadoras y autónomas y empresas y reforzar los servicios públicos esenciales. Dentro de este apartado, el más importante es el compromiso para reforzar la atención primaria, con medidas que suman más de 3.000 millones de euros y cuya aplicación de considera urgente.

Este bloque de medidas urgentes incluye un bono de ayudas directas dirigido a familias con menores en condiciones vulnerables y que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, que se dotará de un fondo de 119 millones de euros. También habrá un bono carestía con un único pago de 200 euros a las familias con menores a su cargo con ingresos inferiores a tres veces el indicador mínimo de renta, fijado actualmente en 600 euros mensuales.

Otras medidas incluidas son garantías sobre nuevas hipotecas suscritas por menores de 35 años, ayudas a pymes y autónomos, un plan urgente de empleo juvenil, un plan para la transformación digital y competitividad de las pymes y un paquete especial para hacer frente a la siniestralidad laboral. En total, estas medidas supondrán la movilización de 1.064 millones de euros.

No obstante, uno de los apartados más importante, destacado especialmente por las dos representantes sindicales, ha sido el Pacto Andaluz por la Atención Primara pública, que garantiza que se destinará a ese servicio un mínimo de 3.370 millones de euros en cada ejercicio presupuestario. De esa manera, todas las medidas a poner en marcha en el corto plazo movilizarán 4.430 millones de euros.

El texto del acuerdo también apunta al combate de la sequía, que está teniendo una grave repercusión sobre la economía andaluza, con medidas de carácter económico que incluyen dedicar 60 millones de euros a la agilización de la ejecución de medidas «para mejorar la seguridad hídrica en Andalucía».

El segundo bloque de medidas, de carácter más estratégico, relaciona una serie de actuaciones a desarrollar en los próximos años cuyo impacto global la Junta estima en 4.467 millones de euros.

Estas se centran en el fomento del emprendimiento, un pacto por la Formación Profesional, una estrategia de seguridad laboral, un plan de atención a la juventud y la creación de un Comité de Análisis relativo a los fondos europeos. Este comité se constituirá en las próximas semanas y estará integrado por las cuatro entidades firmantes del pacto.

También se prevén acciones en materia de acceso a la vivienda, el fomento de la igualdad de género, la lucha contra la pobreza infantil o el incentivo de actividades deportivas.

Todos los firmantes, que elogiaron el papel desarrollado por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en las negociaciones, destacaron la importancia del acuerdo alcanzado.

Carmen Castilla, secretaria general de UGT, señaló que se trata de una muestra del compromiso del sindicato con la gobernanza y subrayó la importancia del diálogo social, que ha acabado dando sus frutos.

Nuria López, de Comisiones Obreras, subrayó especialmente la importancia del apartado que refiere al refuerzo de la atención primaria, tensionada a su juicio no sólo por la pandemia sino también por algunas decisiones del Gobierno andaluz, y advirtió de que para su organización la firma no es un punto de llegada, sino de partida, por lo que velarán por el cumplimiento del pacto.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, celebró que Superada la pandemia, el pacto contribuye a dar certezas y contribuye a una Andalucía más respetada, más solida y mas justa.