La Junta advierte contra el uso de las balanzas fiscales para crear agravios entre territorios

La consejera de Hacienda, Economía y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, aunque apuntó que la Junta de Andalucía no está «ni a favor ni en contra» de que se publique esta información, mostró este jueves su preocupación por el uso que se pueda hacer de la misma. «En ningún caso debe utilizarse para generar división entre los españoles».

No es la primera vez que desde Andalucía se expresan reservas sobre la publicación de las balanzas fiscales. La ahora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montera, ya se oponía en 2014, cuando era consejera de la Junta, porque entendía que provocaba agravios entre los territorios. Más recientemente, en 2022 ya como ministra, Montero recordaba que son los ciudadanos, y no los territorios, los que tributan. «No se pueden utilizar instrumentos académicos como arma arrojadiza entre territorios –dijo en una intervención en el Congreso el mayo de 2022-, tengo la firme convicción de que Cataluña o Madrid no son más solidarias que Andalucía o que Extremadura, lo que sucede es que gozan de un PIB per cápita mayor y, por tanto, los ciudadanos de estas comunidades autónomas, individualmente, aportan más, pero no aportan por haber nacido en un sitio o en otro«.

Carolina España recordó este jueves la posición que hace menos de dos años mantenía Montero para coincidir en que no existen comunidades que aporten más que otras, sino que son los ciudadanos quienes tributan en función de su renta. Pretender que las comunidades reciban fondos del Estado en proporción a lo que tributan sus ciudadanos, según la consejera, sería «como decir que un ciudadano que paga más impuestos tiene más derecho que otro que paga menos».

En ese sentido, señaló que lo que está ocurriendo con los acuerdos bilaterales entre el Gobierno y los independentistas, lejos de procurar una mayor convergencia entre los territorios, «están generando nuevos agravios e introduciendo elementos que profundizan en los desequilibrios».

La consejera también apuntó contra la pretensión nacionalista de que se incentive a las empresas que cambiaron su sede social ante la inestabilidad que generaba el 'Procés' para que regresen a Cataluña. «Es una barbaridad absoluta, supone un fraude constitucional y democrático y todo lo que suponga una ruptura contra la igualdad entre los españoles lo vamos a denunciar judicial, política y socialmente», advirtió.

Para España las decisiones del Gobierno están echando por tierra el esfuerzo de muchas comunidades para generar entornos de estabilidad atractivos para la inversión, y esa medida, en caso de concretarse, supondría un atentado contra el libre movimiento de personas, empresas y capitales y generaría agravios y privilegios.