La Junta se compromete con abogados y procuradores a mejorar pagos e instalaciones

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha elevado a objetivo prioritario escuchar y atender las peticiones que le lleguen desde aquellos colectivos profesionales que considera fundamentales para la prestación de servicios básicos a la ciudadanía. Esa tarea, que ha llevado al propio presidente, Juanma Moreno, a visitar hospitales para desgranar a sus direcciones los planes para combatir las abultadas listas de espera, moviliza también a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Su titular, el vicepresidente Juan Marín, ha mantenido este lunes una reunión en el Palacio de San Telmo para sentar las bases de una colaboración «fluida y continua» con los máximos representantes de los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores, dos sectores clave para el funcionamiento de la asistencia jurídica en Andalucía.

El tema no es menor. La Junta de Andalucía financió el pasado año con casi 45 millones de euros la prestación por parte de abogados y procuradores de los servicios vinculados a la Asistencia Jurídica Gratuita, un derecho contemplado en la Constitución para garantizar que la falta de recursos económicos no se convierta en un muro que impida a cualquier andaluz pleitear en defensa de sus intereses ante un tribunal. La Administración andaluza cuenta así con el servicio externo de más de 10.000 abogados y procuradores que atienden, fundamentalmente, a víctimas de violencia de género, a inmigrantes o a detenidos. A cambio, la Justicia Gratuita ha sido tradicionalmente una ocupación 'refugio', más aún en tiempos de crisis, para abogados y procuradores, los integrantes del denominado Turno de Oficio.

Ese indispensable vínculo es el que este lunes ha sentado en torno a la misma mesa a la Junta de Andalucía y a los profesionales. El anterior Gobierno que presidía Susana Díaz dio un importante paso en el tramo final de la anterior legislatura al reducir de 90 a 45 días el tiempo que discurre entre la presentación de las certificaciones con las que abogados y procuradores justifican su trabajo y el pago de los mismos. Un avance que se habría topado ahora con los recelos de los órganos de Intervención de la Junta retardando su aplicación, según desveló la pasada semana en el Parlamento de Andalucía el consejero con competencias en la materia, Juan Marín.

Ése era, sin duda, uno de los principales temas que traían en cartera los presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Pascual Valiente Aparicio, y del Consejo Andaluz de Procuradores, Inmaculada García. La mejora del sistema de trabajo y los tiempos de pago, una reclamación histórica de ambos colectivos, cuenta ya con el decidido espaldarazo de Marín, que ha anunciado un calendario fijo para el abono de los servicios y una modificación, vía reforma reglamentaria u orden interna, para que éstos puedan realizarse en dos plazos, facilitando así que las certificaciones correctas puedan pagarse sin necesidad de esperar la subsanación de errores en los casos en que se deba aportar más documentación.

Los profesionales se han marchado de la reunión en San Telmo con ese compromiso y también con el de que el baremo que rige sus cobros se actualizará en función de la subida del IPC. En nombre del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Aparicio ha reclamado también mejoras en las sedes de los Juzgados de Guardia de Andalucía. Marín, que cuenta con un detallado diagnóstico del estado real de todos los edificios judiciales que elaboró la anterior Consejería de Justicia e Interior, ha recogido el guante como también ha hecho con la reclamación de la máxima representante de los procuradores andaluces. García ha insistido en que se den los pasos necesarios para garantizar que cuando llegue agosto funcione correctamente la nueva aplicación del sistema de gestión procesal Adriano que debe evitar que estos profesionales se vean «inundados» por notificaciones que no pueden tramitar al tratarse de un mes inhábil en los juzgados.