La jueza ordena destruir más de 6.000 kilos de carne de Magrudis contaminada por listeria

La juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis que ha afectado a 217 personas desde que se decretó la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto, ha ordenado la destrucción de la carne intervenida a Magrudis y que esta empresa mantenía bloqueada en las cámaras frigoríficas de sus instalaciones en Sevilla.

Esta orden se ha notificado al Ayuntamiento de Sevilla, que será el responsable de encargar ahora una empresa especializada los trabajos para la eliminación de la carne infectada por listeria que podría alcanzar los 6.000 kilos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además, la juez ha decidido admitir la personación como acusación particular en el procedimiento a la Junta de Andalucía tras la presentación por parte de la Administración autonómica de una querella contra la empresa Magrudis, que se suma a las dos denuncias que el Gobierno andaluz había presentado ya este verano contra esta firma por su responsabilidad en esta crisis sanitaria.

De otra parte, las defensas del gerente y del administrador único de Magrudis, José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguezhan recurrido el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dictado por la magistrada el pasado jueves, ya que, entre otros motivos, consideran que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Ahora, el Juzgado dará traslado a la Fiscalía y a las partes personadas para que se pronuncien sobre los recursos presentados, que son de reforma y subsidiarios de apelación ante la Audiencia Provincial, tras lo que resolverá los mismos.

La juez instructora del caso tomó declaración a tres de las personas detenidas en relación con estos hechos y ordenó a petición de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de ellas, en concreto José Antonio Marín y su hijo Sandro, mientras que al tercero de los detenidos que pasó a disposición judicial, Mario Marín Rodríguez, hijo y hermano de los anteriores, lo dejó en libertad provisional con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 11 y 25 de cada mes.

La magistrada considera que los dos detenidos que permanecen en prisión, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.

El brote de listeriosis se encuentra controlado y en regresión y hasta la fecha se ha cobrado la vida de tres personas y ha provocado 7 abortos, además de un octavo en Málaga que está actualmente en estudio para determinar su vinculación con este brote, cuyos costes sanitarios para la Junta se estiman en millón y medio de euros.