La jueza del 'caso ERE' no incluirá a políticos en las piezas de las ayudas

Este cambio en el 'caso ERE' para las numerosas piezas sobre las ayudas que aún quedan por instruir se desprende de la decena de autos de la jueza Núñez Bolaños desde septiembre en las que excluía al exconsejero de Empleo Antonio Fernández como investigado. La magistrada ha empezado a hacer lo mismo con su antecesor, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, a quien también excluye de la pieza sobre una ayuda de 24.000 euros con cargo a la partida de los ERE al Ayuntamiento de Chiclana en 2003.

Los dos exconsejeros y el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero son los ex cargos públicos sobre los que cabría esperar que más veces acabaran sentándose en el banquillo por tantas causas como ayudas se concedieron con cargo a la partida de 855 millones de euros de las ayudas sociolaborales investigada como fraudulenta y establecida por la Junta desde 2001 a 2011.

Esta fue la razón por la que varios letrados de la macrocausa de los ERE se opusieron en su día a la división de la misma en diferentes piezas, coincidiendo en esto con la primera jueza instructora, Mercedes Alaya, aunque no con la Fiscalía, partidaria de su partición para agilizar la instrucción.

La primera de las piezas es la más controvertida, al incluir el procesamiento de 22 excargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por «la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento» de un procedimiento administrativo específico supuestamente ilegal para la concesión y pago de las ayudas. Ha sido la primera en concluir después de seis años de instrucción y su juicio tendrá lugar a partir del próximo día 13 de diciembre. Pero el 'caso ERE' incluye tantas piezas como ayudas se concedieron y por ello han ido siendo citados como investigados todos aquellos cargos de la Junta de los que dependían su aprobación en Empleo.

El abogado Juan Carlos Alférez, defensor de varios investigados, logró que la Audiencia de Sevilla le diera la razón en el caso de Jacinto Cañete, exdirectivo de la agencia pública IDEA, en mayo pasado, al admitir su exclusión como investigado de la pieza de una ayuda por estar ya incluido en la del procedimiento específico. A partir de entonces, la Audiencia ha mantenido la misma doctrina con otros excargos, incluido Antonio Fernández.

Núñez Bolaños tomó nota y empezó a excluir al exconsejero de otras piezas abiertas por ayudas con cargo a la famosa partida de los ERE. Ahora lo hace con José Antonio Viera por primera vez y avanza que lo seguirá haciendo con el resto.

La ayuda a la que alude el auto fue concedida por el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero en 2003, cuando Viera era consejero de Empleo, al Ayuntamiento de Chiclana. La subvención iba destinada a la financiación de la Feria de Muestras y Turismo VII Centenario a celebrar en esta localidad del 8 al 11 de mayo de 2003. Entonces era alcalde el ahora vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien declaró como testigo el pasado año. La magistrada ya consideró prescrita esta ayuda al haber pasado diez años de su concesión.

Por este motivo, la defensa de Viera solicitó a la magistrada el sobreseimiento libre y archivo al entender que habrían prescrito los delitos de prevaricación y malversación que se le atribuyen en esta pieza. La jueza responde que no ha lugar siquiera entrar al fondo de este asunto, al aplicar la doctrina de la Audiencia de Sevilla.

En un auto del que informa Europa Press, la magistrada argumenta que se «han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en el llamado caso de los ERE, de forma que dirigir nuevas causas contra quienes van a ser enjuiciados por su participación en la creación, impulso o mantenimiento de un procedimiento presuntamente ilegal, implicaría la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías».

Y es que, añade la magistrada, «supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento». Añade que en el juicio de la causa política se enjuicia «no sólo toda ayuda sociolaboral sino también toda ayuda directa y todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron».