El juez del 'caso ERE' riñe a los encausados por su compostura en la vista oral

Calle Peña ha hecho esta reflexión al hilo del toque de atención que ayer le dio al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, al que le pidió que se sentara bien en la silla y no pusiera los pies sobre el estrado. “El estrado de los letrados no es una banqueta para apoyar los pies”, una postura que entiende que es “propia de un acto lúdico, pero no de un juicio”, ha explicado.

El presidente del tribunal también llamó la atención este lunes de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, a la que le pidió que no utilizara un tono “arrogante” para contestar al fiscal.

La abogada de Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido la palabra al término de la declaración del exdirectivo de Idea, Jacinto Cañete, para expresar al tribunal que su defendido no ha tenido intención de adoptar una postura irrespetuosa al extender los pies sobre el estrado, sino que padece una hernia de disco y tras varias horas sentado se sentía “dolorido” y “molesto”.

Esta mañana ha empezado también la declaración del exconsejero de Presidencia durante 15 años y exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías. La mayor parte del tiempo fue el número dos de Manuel Chaves. Ante el tribunal comparece como acusado del delito de prevaricación con pena solicitada por la acusación de 10 años de inhabilitación, por supuestamente conocer y mantener el procedimiento específico para la concesión de las ayudas sociolaborales entre 2001 y 2011 considerado ilegal en esta causa.

El fiscal, José Enrique Egocheaga, se ha interesado por el tiempo en el que presidía los 'consejillos' o reuniones de los viceconsejeros que preparaban los asuntos que iban a ser aprobados en Consejo de Gobierno. Zarrías ha respondido que no tuvo conocimiento de ningún uso irregular de procedimiento alguno para la concesión, tampoco del convenio firmado en 2001 para el pago a través de Idea, trámite que circunscribe a la Consejería de Empleo o Trabajo. Negó que el que fuera titular de Empleo Antonio Fernández le trasladara algo sobre el citado convenio marco para el pago de las ayudas o cambios en el mismo como un decreto que al final fue descartado. Opina, con ojos de hoy y tras la lectura de la causa, que lo que debió haber en aquel tiempo en Empleo era un debate sobre el instrumento jurídico para las ayudas, algo, anotó, que ocurre en todos los departamentos.

Zarrías, que es abogado de profesión, respondió al fiscal que si sabía que se concedían ayudas a empresas y trabajadores porque era una política “pública y notoria” del Gobierno de la Junta, recogida en las propuestas electorales de su partido y en los acuerdos de concertación con la patronal y centrales sindicales, además de en el Presupuesto anual. Ha manifestado que tenía “clara conciencia de que había regulación" para las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo, pero también ha querido dejar claro que no entraba al detalle de su trámite porque eso corresponde a la consejería competente. Sobre la regulación ha acotado que, al margen del procedimiento específico que dice desconocer, la Administración cuenta con normativa para conceder ayudas o subvenciones, que él considera sinónimas sean sociolaborales o no. Ha mencionado la Ley de Hacienda que regulaba las subvenciones, los Presupuestos anuales de la Junta en los que aparecían las ayudas sociolaborales y "con carácter supletorio" las órdenes estatales de 1994 y 1995 sobre ayudas excepcionales y para prejubilaciones.

El fiscal ha mostrado interés en ahondar sobre la arbitrariedad de las ayudas y ha preguntado al exconsejero cómo un trabajador o empresa podía conocer que se daban este dinero (850 millones de euros durante más de una década) y los requisitos para acceder a ellas, si no había una orden o decreto publicado sobre las bases y condiciones. Zarrías ha respondido que no era de su competencia, no participaba en ello y ha mencionado a los sindicatos como posible vía de conocimiento.

Zarrías continuaba esta tarde su declaración ante el tribunal.