josé luis piedra
Martes, 17 de marzo 2020, 19:51
La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha acordado este martes la puesta en libertad provisional de los dos responsables de Magrudis, el gerente José Antonio Marín Ponce y su hijo propietario y administrador único, Sandro José Marín Rodríguez, investigados por ... el brote de listeriosis que el verano pasado intoxicó a más de 200 personas por la venta de carne contaminada.
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La libertad sin prestación de fianza ha sido decretada a petición de la Fiscalía, por lo que ambos investigados salen de la cárcel después de estar en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el día 26 de septiembre.
El auto remitido ya al centro penitenciario Sevilla-1 donde se encontraban recluídos, les impone la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo entregar sus pasaportes en la Comisaría más cercana a sus domicilios. Asimismo, y una vez cese el estado de alarma decretado por la actual crisis sanitaria por el coronavirus, deberán comparecer ante el Juzgado una vez a la semana.
La magistrada considera que las circunstancias que concurrían en el momento de dictar la medida cautelar de prisión provisional «han cambiado sustancialmente» a día de hoy, pues en primer lugar la investigación «se encuentra, al menos en lo que son diligencias de investigación, prácticamente terminada, a la espera únicamente de informes periciales ampliatorios, informes médicos y ofrecimiento de acciones a los perjudicados». La juez considera en el auto que «el riesgo de que puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes es prácticamente inexistente».
Asimismo, argumenta la resolución judicial que el riesgo de fuga ha disminuido «dadas las circunstancias que concurren actualmente y también una vez decretado el estado de alarma y limitada por tanto la libertad de circulación de las personas, que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades de estricta necesidad».
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La decisión de la juez se adopta después de que se haya realizado previamente la oportuna investigación de bienes de los encausados y ponerse de relieve que «carecen de medios para hacer frente a cualquier fianza que se le impusiera en estos momentos».
Los dos encausados están siendo investigados por un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes.
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Por otra parte, la organización FACUA-Consumidores en Acción, personada en la causa judicial por el brote de listeriosis, ha anunciado que va a recurrir esta decisión judicial ya que sostiene que la instrucción no puede considerarse ni mucho menos concluida y que, precisamente en base al resto de actuaciones que pudieran practicarse, estudiará pedir la citación de cuantas otras personas hubieran podido resultar responsables.
FACUA considera inaceptable que no se haya solicitado la posición del resto de partes relativa a la puesta en libertad y haber tenido conocimiento por la prensa tanto de la petición de la Fiscalía como del auto de puesta en libertad, ya que el juzgado no ha realizado las notificaciones previamente a la asociación ni al resto de acusaciones.
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