El juez de la Faffe cita a 21 personas para investigar contrataciones irregulares

Entre las personas que tendrá que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se encuentra el ex director general la Faffe, Fernando Villén, y la ex directora económico-financiera de esta entidad, Ana Valls, que ya fueron condenados por malversación y falsedad en documento oficial por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública por parte de su ex director.

En este nuevo auto del juez, se acuerda la práctica de nuevas diligencias como la toma de declaraciones a una veintena de personas que se producirán durante los próximos meses de marzo y abril.

El juez pretende esclarecer las licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente, en el curso de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos.

Según el auto, «estos procedimientos en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios».

El juez ha librado un oficio dirigido a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que emita un informe sobre «relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe desde 2007 hasta su extinción y liquidación en 2011, detallando el número de los expedientes de reintegro y de revisión de oficio, en su caso, iniciados o tramitados en relación a tales subvenciones, con indicación expresa de las deficiencias e irregularidades apreciadas en tales expedientes».

El juez Vilaplana sostiene en el auto que «de lo actuado se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas pero conexas conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones».

El instructor aprecia «serios indicios de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe de forma injustificada y sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación de al menos, 84 personas». Estas contrataciones se habrían hecho «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, con distintos puestos de trabajo creados y atribuidos ad hoc». El auto señala que «la investigación policial permite colegir que se habría procedido a la contratación de determinado personal de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido y sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad e igualdad.