El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, por la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a los contratos de emergencia realizados por ese organismo con posterioridad a la pandemia. Los tres citados ocuparon la gerencia del SAS desde 2021 hasta la actualidad.
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El auto, dictado este miércoles, cita a los tres directivos para que comparezcan en el juzgado con el objeto de que se les informe de sus derechos y se les comunique el contenido de la querella, presentada por los parlamentarios del PSOE-A, y su posterior ampliación. Los tres serán llamados posteriormente para prestar declaración.
La causa tiene origen en una denuncia interpuesta por el Grupo Socialista por posibles irregularidades en las contrataciones realizadas por el SAS mediante el procedimiento de urgencia aprobado inicialmente para hacer frente a las necesidades impuestas por la pandemia del COVID.
La denuncia inicial fue ampliada posteriormente al considerar los denunciantes que las irregularidades se habían prolongado hasta este año. El juez considera que los hechos investigados revisten los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa.
En otra providencia fechada este miércoles, el mismo juzgado ha acordado la práctica de una serie de diligencias interesadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entre las que figura «que se requiera al Servicio Andaluz de Salud para que aporte en el plazo de un mes de forma sistemática y en soporte digital los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por su Servicio Central en el periodo 2021-2023 en el ámbito del artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo».
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Desde la Junta se asegura que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley y que colaborará en todo lo necesario como ha hecho hasta ahora.
Tras conocerse la información, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, emplazó al Gobierno andaluz y especialmente a su presidente, Juanma Moreno, a que «dejen de intentar, ante la opinión pública, minimizar» el caso.
Espadas emplazó al Ejecutivo del PP-A a dejar de «convertir» ante la opinión pública «este caso en algo menor o asunto administrativo», cuando «lo que se deduce del pronunciamiento tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del propio Juzgado de Instrucción es que estamos ante una investigación judicial sobre asuntos muy graves que, sin duda, va a ir avanzando de forma clara y definitiva en las próximas semanas», ha subrayado el dirigente socialista.
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