Una cascada de jubilaciones obligará a la Junta a incorporar más de 15.000 funcionarios en cinco años

El proceso de entrada en la función pública casi a modo de aluvión que supuso en su día la creación de la Administración autonómica tendrá su contrapartida durante el próximo lustro. La plantilla de la Junta de Andalucía está compuesta en un 71 por ciento por personas de más de 50 años y la previsión es que entre este año y 2030 se jubile un 40 por ciento del total, lo que supone en torno a 15.000 trabajadores. Con las tasas de reposición que existen actualmente, eso supondrá que deberá entrar en la Junta un número similar de funcionarios.

Este relevo, según explica el consejero de Justicia y Administración Pública de la Junta, José Antonio Nieto, llega en un momento en el que las necesidades están cambiando y el perfil de quienes se incorporen deberá ser diferente al de quienes salen.

La Administración autonómica afrontará este proceso con un nuevo instrumento. Este viernes entra en vigor el decreto por el que se regula la planificación y ordenación del empleo público y el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana. El texto sustituye al anterior de 2002 y ha sido ampliamente negociado con las organizaciones sindicales, según informan desde la Consejería.

Esta norma, según explica Nieto, cambia radicalmente el modelo con el que se ordena la administración pública en Andalucía y permitirá dar respuesta a las nuevas necesidades de la Junta. »Las 15.000 plazas no serán las mismas», advierte el consejero.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la Administración es la dificultad para atraer talento en sectores ausentes de la Administración hasta no hace mucho tiempo pero que ahora son imprescindibles, como los TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones», en las empresas del sector privado acuden a reclutar personal cuando éste aún está en su última etapa de formación. Esta situación también se produce en todo lo relacionado con desarrollos informáticos.

Dos de los problemas a los que la nueva norma pretende dar respuesta son la lentitud de los procesos de acceso a la función pública y la falta de adaptación de estos procesos a las necesidades reales de la Administración, que cada día demanda perfiles más especializados.

Para afrontar el primero de esos desafíos, la nueva norma prevé que en cada oposición se convocará un 20 por ciento más de plazas de las necesarias, con lo que quienes las superen sin llegar a ocupar los lugares vacantes quedarán en reserva durante los dos siguientes años y se convertirán automáticamente, por orden de mérito, en funcionarios de la Junta en el momento en el que se creen nuevas plazas sin necesidad de acudir a unas nuevas oposiciones.

Además, la nueva norma incorpora al proceso de selección un periodo de prácticas de entre tres y seis meses que se convertirá en el último escalón de las oposiciones y al que accederán un 20 por ciento más de aspirantes sobre las plazas que sea necesario cubrir. Estas prácticas remuneradas puntuarán en el proceso selectivo y permitirán seleccionar a quienes se conviertan en funcionarios y a los que pasen a ocupar los lugares de reserva.

Nieto destacó la necesidad de ampliar los perfiles de los empleados de la Junta, ya que «la sociedad ha cambiado y la Administración Pública tiene que adaptarse a esos cambios de la sociedad y tiene que prestar los servicios que hoy nos piden los ciudadanos, que no son los mismos que pedían en los años 80 cuando se creó la Junta de Andalucía o en los primeros años 90 cuando se incorporaron la mayor parte de los funcionarios que ahora se nos van a ir jubilando hasta 2030».

También advirtió de que es necesario «saber cómo se capta el talento hoy» y apostó por «hacer una labor de cambio para que ese talento que va saliendo de las universidades, que va saliendo de los centros de formación profesional, llegue a la Junta de Andalucía y mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos».

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