Cuando en el pasado congreso del Partido Popular de Andalucía Juanma Moreno expuso su proyecto de construir una nueva mayoría social articulada en torno a un partido centrado, moderado y andalucista, señaló al voto rural como uno de los objetivos estratégicos. El presidente de la ... Junta y del PP de Andalucía hizo autocrítica por la trayectoria histórica de su partido que, aunque pudo hacerse fuerte en los grandes núcleos urbanos de la comunidad, no encontró la fórmula para evitar que las zonas rurales se convirtieran en una cuenta pendiente para el voto de centroderecha y en la principal fortaleza que permitió al PSOE mantenerse en el poder durante casi cuatro décadas.
En aquel congreso, celebrado en Granada en noviembre del año año pasado, el presidente de la Junta convocó a los suyos a centrar esfuerzos en el mundo rural, consciente de que sin ganar peso en ese medio el PP estará lejos de conseguir el gran objetivo estratégico que ha marcado Juanma Moreno para su proyecto político: reemplazar al PSOE como partido hegemónico en Andalucía.
En aras de ese gran objetivo, la inserción en el mundo rural, histórico bastión de la izquierda andaluza, confluye con la otra línea por la que discurre su accionar político: conseguir que se pase a identificar al PP como el partido del territorio, defensor de Andalucía frente a los agravios -reales o ficticios- que recibe del Gobierno central.
En el PP saben que si quieren convertirse en el partido hegemónico en la comunidad autónoma no se pueden quedar atrás en esta carrera por fortalecerse en la Andalucía menos poblada, terreno en el que se disputan casi un tercio de los votos. Sobre todo, porque además del PSOE y, en menor medida, Izquierda Unida, le ha surgido por la derecha la competencia de Vox, que con su política de atacar en nichos electorales intenta rascar apoyos con su defensa de la caza y la crítica a lo que considera la amenaza globalista al agro andaluz.
En esta pugna por el voto rural que ya ha comenzado deben entenderse las dos cuestiones que han marcado esta semana -junto a la omnipresente controversia en torno al tensionado sistema sanitario- las polémicas políticas del inicio del curso: la extensión 'ad infinitum' de las declaraciones del ministro Garzón sobre la calidad de las exportaciones cárnicas españolas -no de lo que dijo en realidad, que ya parece carecer de importancia, sino de lo que se ha instalado que dijo- y el proyecto de ley presentado por el PP, Ciudadanos y Vox para regularizar como suelo cultivable 1.400 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
En el primer asunto, la estrategia de comunicación, no por simple parece que vaya a ser menos efectiva. Consiste en convertir las críticas del ministro de Consumo a las macrogranjas en una enmienda a la totalidad de la ganadería española y andaluza y presentar a la Junta como defensora de los productos cárnicos andaluces ante un ataque qie pone en riesgo su entrada en los mercados internacionales. El presidente Moreno entró el jueves de lleno en esta estrategia con una visita a una explotación de ganadería extensiva en Granada para defender al sector de lo que se presenta como «el ataque a los ganaderos» por parte de Garzón.
El presidente recordó que Andalucía es la tercera comunidad autónoma en producción cárnica y la primera en carne ecológica y hasta reivindicó su condición de parte esencial de las raíces y tradiciones andaluzas. Resulta difícil aventurar hasta cuándo se podrá estirar esta polémica, pero lo que está claro es que la batalla por el voto rural no ha hecho más que empezar.
Así lo ha demostrado también la otra iniciativa relevante de esta semana: la presentación conjunta, aunque en dos iniciativas separadas por la negativa de Ciudadanos a colocar su anagrama junto al de Vox, de un proyecto de ley con el que se persigue incorporar 1.400 hectáreas del entorno norte de Doñana como suelo cultivable. De prosperar, esta norma permitirá legalizar explotaciones agrícolas ahora no consideradas como tales.
La iniciativa, considerada por los ecologistas como un atentado contra la viabilidad de Doñana por la escasez de agua en la zona, forma parte de esta ofensiva popular sobre el medio rural y reúne además el mérito de poner al PSOE en un brete del que todavía no ha atinado a salir, atrapado entre las críticas de los ecologistas y las reivindicaciones de sus propios alcaldes.
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