Juanma Moreno sitúa a Andalucía en el centro de la escena política con su reforma fiscal

Bastó que el presidente andaluz comunicara la decisión para que el asunto se convirtiera en el tema central de la política nacional. Otras comunidades autónomas anunciaron iniciativas similares, el Gobierno enseñó sus fisuras sobre hasta dónde debe llegar la autonomía fiscal de las comunidades, Pedro Sánchez la criticó desde Nueva York y la ministra de Hacienda reveló la posible puesta en marcha de una medida que va en la dirección contraria a la anunciada por la Junta y que ya había sido desechada tras proponerla Podemos: la implantación de un impuesto a la riqueza.

Para resumir cómo fue la semana, basta decir que el lunes Juanma Moreno realizó el anuncio y el viernes cinco ministros socialistas incluyeron en sus agendas actos en Andalucía, un escenario que recordó al de la campaña electoral del 19 de junio.

Hace ya tiempo que el presidente viene reclamando para Andalucía la atención en el debate político nacional que le corresponde a una comunidad que reúne a casi el 18 por de la población y una proporción similar del territorio. Si ya había logrado convertirse en foco de atención, sobre todo a partir de su resonante victoria electoral, ahora está convencido de haberlo conseguido plenamente. En el Gobierno andaluz querían dar un golpe de efecto y nadie duda de que lo han logrado.

Que la medida no estuviese incluida en el programa electoral del PP, aunque se inscribe sin matices en el discurso permanente de Moreno sobre lo que definió como el «infierno fiscal andaluz», contribuyó sin duda a que el impacto, por inesperado, fuera mayor. El presidente sostiene con orgullo que Andalucía ya es la segunda comunidad autónoma con menor presión fiscal, sólo por detrás de Madrid. Desde el punto de vista de los valores que defiende, eso supone un logro sin precedentes y sitúa a Andalucía en condiciones para disputar el liderazgo económico a las comunidades más prósperas.

En el Palacio de San Telmo consideran que se ha conseguido colocar una pica en un terreno hasta ahora reservado al eje Madrid-Cataluña y en el que en ocasiones conseguía colocarse el País Vasco. El paisaje se enmarca en la interpretación de lo que Moreno entiende que debe ser el andalucismo de nuevo cuño, con continuas apelaciones al orgullo andaluz y la posibilidad de situar a la comunidad como la más pujante de España. El presidente no se cansa de repetir que el principal éxito de sus menos de cuatro años de gobierno ha sido conseguir un cambio de mentalidad que apunta en esa dirección.

En ese sentido, en el Gobierno andaluz están convencidos de que el anuncio sobre el Impuesto del Patrimonio ha funcionado en dos direcciones: por un lado, poniendo a Andalucía en el centro del debate político; por el otro actuando por sí mismo como un difusor de la medida en aquel público objetivo en el que se pretende hacer impacto. Aseguran que el retorno que ya han comenzado a percibir no se hubiera conseguido ni con la mejor campaña de publicidad. Además, no hay temor a las posibles contraindicaciones de una medida como la adoptada. El discurso de que la Junta favorece a los más privilegiados en contra de los intereses de la mayoría se considera inocuo con la legislatura recién iniciada.

Para saber si la bonificación del tributo consigue los objetivos económicos perseguidos -atraer inversores y residentes de alto poder adquisitivo y compensar con creces los ingresos en la hacienda pública andaluza a través de nuevos contribuyentes que declaren en Andalucía su IRPF- habrá que esperar al menos un año. Los ojos están fijados principalmente en los mercados internacionales, con los británicos en primer lugar y más después de que el Brexit obligara a quienes pasan largas temporadas en España a formalizar sus permisos de residencia en algún país de la Unión, y también en el el nacional.

Con un panorama económico mundial cargado de incertidumbres, la apuesta es convertir a Andalucía en un destino refugio que ofrezca certezas. Para eso, en el análisis del Gobierno andaluz, son necesarias dos condiciones: estabilidad política y baja fiscalidad.

El objetivo no es competir con Madrid. En primer lugar, porque no hay argumento con el que se pueda combatir el poder de seducción de una ciudad que concentra la capitalidad política, económica y cultural del país, pero también porque el perfil de los residentes de alto poder adquisitivo que pueden optar por Andalucía no tiene como alternativas a una gran ciudad, sino a las costas portuguesa, francesa o incluso marroquí. La costa mediterránea es por ello el principal activo en este empeño.

El otro gran objetivo está centrado en el mercado nacional, especialmente el catalán. Durante la pandemia, Andalucía se convirtió en un foco principal de teletrabajo y se pretende aprovechar ese impulso. Y está, además, la cuestión política catalana, en la que Juanma Moreno ha hecho especial hincapié. El presidente valora seriamente la posibilidad de disputarle a Cataluña la condición de segunda comunidad más próspera de España. El enfoque es tanto económico como político. Entiende que las políticas impulsadas con la sucesión de gobiernos independentistas y de izquierda han mermado la potencialidad económica de esa comunidad y no teme lanzarse a competir. El órdago que ha lanzado va en serio. No es un farol.