Menos de una semana después de que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España protagonizaran su enésimo choque, esta vez tras la amenaza ... de la ministra Isabel Rodríguez de cortar la financiación estatal a los planes de vivienda, han vuelto las apelaciones al diálogo. Lo hicieron en un acto celebrado en Cádiz para la entrega de 60 pisos protegidos en régimen de alquiler, en el que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, reivindicaron la colaboración entre administraciones para afrontar este problema. Ambos pusieron el ejemplo de las viviendas entregadas este lunes a sus inquilinos, que han sido financiadas por la Junta en un 80 por ciento y el resto, por la Administración central.
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Isabel Rodríguez advirtió la semana pasada de que el Gobierno dejará de transferir recursos para programas de viviendas a las comunidades que se niegan a intervenir en el mercado del alquiler en zonas tensionadas como establece la Ley estatal de vivienda, una norma que la Junta de Andalucía considera que invade sus competencias y que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. En su intervención en el acto, Moreno abogó por afrontar el problema de la falta de viviendas y de su carestía a partir de acuerdos y de transitar el camino «del diálogo, del respeto, no de la imposición».
En su opinión, la crisis habitacional es consecuencia de que en España se ha pasado de construir muchas viviendas a construir menos de las que demanda el mercado, ya que en Andalucía se forman más de 15.000 hogares todos los años y solamente se construyen unas 8.000 viviendas.
A esto, aseguró, se suma que el precio del suelo se ha disparado y los bajos ingresos de las nuevas familias, especialmente de los jóvenes. Por ello, dijo, hay un gran desequilibrio entre oferta y demanda y dificultades para afrontar el pago de las hipotecas y alquileres.
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Ante un problema de esta naturaleza, subrayó, es fundamental la cooperación de todas las administraciones. «Todos tenemos que poner el hombro», destacó.
En su opinión, la solución no pasa por intervenir el mercado, sino por la construcción de más viviendas a precio asequible, el desarrollo de más suelo residencial y la simplificación administrativa que «quite grasa» a los procedimientos.
«Quizás podemos tener visiones distintas –dijo en relación a las diferencias entre la Junta y el Gobierno central en este asunto-, pero lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, por el camino del diálogo, del respeto, no de la imposición».
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