Ni la solución al problema de Doñana será inmediato ni el Parlamento aprobará la ley que ordena los regadíos en la zona sin escuchar a todas las partes. Así lo aseguró ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la celebración en Linares del Consejo de Gobierno de esta semana. Moreno llegó a situar la aprobación de la ley, cuya admisión a trámite se votará este miércoles, fuera de los márgenes de la presente legislatura al asegurar que todavía le queda más de un año de debate.
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Por ese motivo, el presidente, considera prematuras las advertencias lanzadas desde el Consejo de Europa en relación al proyecto de ley, presentado por los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox, y advirtió de que aún queda por escuchar a las partes implicadas y resolver las enmiendas que eventualmente se presenten. Por ello indicó que el Gobierno no elaborará el informe que requiere la aprobación de la ley, ya que en el momento actual no es necesario.
El proyecto de ley, que Moreno circunscribió al ámbito parlamentario y sin intervención todavía del Gobierno, contempla reconocer los derechos de regantes que supondrían incorporar más de 1.400 hectáreas donde se cultivan frutos rojos que quedaron excluidas del plan aprobado en 2014. Según el presidente, se trata de encontrar una solución a medio o largo plazo para un problema que se ha enquistado a lo largo de 30 años a su juicio por el olvido de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Indicó en ese sentido que durante ese tiempo ha habido agricultores que adquirieron derechos de riego, por lo que la iniciativa no supone la ampliación de regadíos, sino el reconocimiento de esos derechos. En el PP consideran que la ley, lejos de crear un problema, es el primer paso para dar respuesta a una situación preexistente que sólo encontrará solución cuando se realicen las obras de trasvase de recursos hídricos a la zona ya aprobadas y pendientes de ejecutar.
Moreno insistió este lunes en esa idea al asegurar que se trata de un problema enconado que el actual gobierno de la Junta ha heredado. Ante eso, dijo, hay dos opciones: cruzarse de brazos y dejar que el problema se enquiste o intentar explorar una vía de solución que permita al mismo tiempo proteger al parque y preservar la actividad económica en la zona. Aseguró que experiencias en países como Finladia o Suecia indican que existe esa posibilidad, aunque se requiere de «mucha audacia y mucho diálogo».
En una carta en la que advirtió que España se expone a multas por incumplir una sentencia anterior sobre el Parque, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europa, Florika Fink-Hooiker, consideró recientemente «cuando menos desconcertante» el proyecto presentado por los grupos que apoyan al Gobierno andaluz.
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Para Juanma Moreno, los supuestos por los que España podría ser sancionada no se están produciendo ni estarán incluidos en la ley, por lo que hablar de sanciones sería entrar en el terreno de la ficción. «No voy a perder un minuto en hacer futurología» afirmó. No obstante, el Gobierno andaluz, a través de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha solicitado una reunión al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para demostrar «el compromiso férreo del gobierno de Andalucía con el Parque Nacional de Doñana», según expresa en la carta en la que solicita el encuentro.
El presidente andaluz negó que exista mayor compromiso que el suyo con el medio ambiente y con la preservación de la biodiversidad y dijo que ningún gobierno autonómico ha invertido tanto en Doñana como el que preside. «Ser de izquierdas no significa ser proteccionista del medio ambiente, ni muchísimo menos -enfatizó-, aquí de lo que se trata es de ser gestor». Según el presidente, para proteger al parque es necesario evitar que se convierta en una isla «protegida por un muro de hormigón», aislada del sistema productivo de la zona y que genere rechazo social entre los vecinos. «No puede ser que cada vez que anunciamos un parque natural se nos opongan los alcaldes y haya una respuesta social», dijo.
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El presidente recordó que el PSOE aún no ha fijado una oposición y que los alcaldes socialistas y la Diputación de Huelva, del mismo signo, están a favor de la iniciativa.
Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha pedido a Moreno, que «por su responsabilidad con los agricultores, con Doñana y con la credibilidad de Andalucía ante Europa», retire la proposición de Ley presentada PP, Cs y Vox.
Lluvia de anuncios para la provincia de Jaén
El Consejo de Gobierno de la Junta continuó este lunes con la celebración itinerante de sesiones, un hábito que mantendrá en semanas alternas hasta la convocatoria de las elecciones. Tal y como lo hiciera en ocasiones anteriores en Almería y Cádiz, en esta ocasión se aprovechó la reunión en Linares para realizar una lluvia de anuncios para la provincia anfitriona. El Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 203 millones para Jaén, cantidad que se suma a los más de 298 millones de los proyectos que ya están en marcha. Así, según las cuentas de la Junta, la Administración autonómica habrá invertido en la provincia en esta legislatura un total de 1.700 millones de euros.
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