Juanma Moreno ve como un «atropello institucional» el tercer grado de Harriet Iragui y el pacto con Bildu para la ley de seguridad

Juanma Moreno ha clausurado este sábado en Linares (Jaén) unas jornadas de trabajo celebradas por el Grupo parlamentario del PP andaluz, marco en el que ha manifestado que siente «pena y tristeza» ante acontecimientos de índole nacional, mencionando especialmente la concesión del tercer grado penitenciario al miembro de la disuelta banda terrorista ETA Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por los asesinatos del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, del edil del PP José María Martín Carpena en Málaga y del doctor militar Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla.

Moreno ha lamentado además que dicha medida haya sido concedida por la socialista María Jesús San José desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Mientras esta medida abarca además a Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del PSOE vasco Fernando Buesa y al agente de la Ertzaintza que ejercía de su escolta Jorge Díez Elorza; Moreno ha aseverado que le «da pena ver que una consejera socialista del País Vasco firma el tercer grado para unos asesinos que no se han arrepentido de sus asesinatos y a los que en algunos casos les quedan ocho años» de prisión y ahora podrán salir a la calle merced al citado régimen penitenciario. «Es mezquino, insoportable», ha aseverado.

En ese sentido, ha invocado «la ética de la política», avisando de que «no se puede machacar la dignidad» de las víctimas del terrorismo y de sus familiares con esta «humillación gratuita»; toda vez que el Gobierno central sostiene de su lado que esta concesión del tercer grado penitenciario viene «avalada por la autoridad judicial».

Del mismo modo, Juanma Moreno ha lamentado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central, conformado por el PSOE y Sumar, con EH-Bildu, para reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, llamada «ley mordaza» por los detractores de esta regulación promulgada durante la etapa del popular Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

El texto pactado entre el Gobierno y EH-Bildu contempla entre otros aspectos la sustitución de las pelotas de goma como material antidisturbios, que no sea sancionable la mera toma o difusión de imágenes de la actuación de los agentes, --uno de los aspectos más criticados por sindicatos policiales--, suprimir la sanción grave por perturbación grave en reuniones o manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas autonómicas, o un máximo de dos horas de tiempo de identificación de una persona, salvo causa excepcional hasta seis horas«.

Además, se modifica el criterio «casi absoluto de veracidad» de los testimonios de los agentes a la hora de imponer multas y se ciñe los registros corporales a indicios concretos y comprobables.

Frente a ello, Moreno ha avisado de que con este pacto, «Bildu decide cuál debe ser el límite de protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dejándolos claramente desprotegidos frente a los delincuentes». Ello le ha llevado a preguntar retóricamente al Gobierno central si «no hay otra fuerza política» con la que pactar más allá de EH-Bildu.

«¿Esto es sensato? ¿Esto es socialismo? ¿Esto se puede defender con dignidad?», ha planteado el presidente del PP andaluz, considerando que el Gobierno central de Pedro Sánchez «está chantajeado y paralizado» por los partidos independentistas en los que se apoya para gobernar.

Al respecto, ha criticado que en el PSOE andaluz «nadie levante la voz ni tenga nada que decir ante este atropello institucional», aseverando que el PP no va a «callar ni ceder en estas situaciones».