El 'caso Isofoton' muere en la sala de espera

El origen de esta decisión está en un auto de octubre de 2017 en el que tras haberse declarado la complejidad de la causa se dictó la prórroga de las actuaciones. Ese auto, según concluyó la Audiencia de Sevilla, se dictó de forma extermporánea, es decir cuando ya se había sobrepasado el plazo para hacerlo. En consecuencia, todas las decisiones tomadas con posterioridad fueron nulas. En concreto, la prórroga se dictó cuando ya se había sobrepasado en cuatro meses el plazo legal.

Entre las decisiones anuladas por ese motivo se encuentra un auto de julio de 2020 en el que se dictó el procesamiento de todos los investigados, entre quienes se encontraban los exconsejeros socialistas de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler, el también exconsejero de de la Junta Manuel Recio, el exviceconsejero Agustín Barberá, la exsecretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro Aramberri, el exdirector de Inversiones de IDEA Francisco A.J., el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; dos subdirectores de IDEA, un jefe de departamento, el que fuera presidente de la Isofotón, Ángel Luis Serrano Serrano, y el hermano de este último, Diego Serrano.

«En todos los autos dictados por la Audiencia, el resultado es la nulidad de las diligencias practicadas fuera del plazo fijado ex lege, sin que sea posible su subsanación», sostiene un auto dictado el pasado lunes por el juzgado instructor, al que ha tenido acceso este periódico.

El juzgado tomó esta decisión después de haber decretado una similar con respecto al ex director de Inversiones Estratégicas de IDEA, Bienvenido Martínez. Ahora ha hecho extensiva la misma al resto de los investigados, que habían presentado recursos en ese sentido.

Se da de esta manera carpetazo a un procedimiento que comenzó a instruirse en 2015 y por el que se investigaban posibles irregularidades en las ayudas públicas concedidas a la tecnológica malagueña aún después de que la viabilidad de la empresa, que se dedicaba a la fabricación de paneles solares, quedara seriamente cuestionada. En total, la empresa, que cerró en 2014, recibió unos 80 millones de euros en subvenciones cuya legitimidad era objeto de investigación en esta causa, en la que se analizaba la posible comisión de los delitos malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Del total de ayudas, más de 37 millones de euros fueron concedidos después de 2010, cuando la sociedad ya había sido vendida por el precio simbólico de un euro.

El procedimiento se inició después de que los propios trabajadores de la empresa advirtieran que el aluvión de dinero público que la Junta de Andalucía había concedido para revitalizar a la empresa y salvar los empleos no se había utilizado para los fines comprometidos, por lo que interpusieron una denuncia. Fue en un momento en el que la instrucción del caso de los ERE por la jueza Alaya estaba de plena actualidad, por lo que decidieron hacerlo en Sevilla. Por turno de reparto, la causa cayó en el Juzgado de Instrucción número 3, el mismo que ahora ha decidido el archivo del procedimiento.