Investigadores estiman que el cierre de actividades no esenciales redujo en un 23% los casos de covid en Andalucía

Otro resultado relevante es que la medida fue más efectiva en áreas rurales que en urbanas, lo que sugiere la necesidad de un enfoque diferenciado en la aplicación de políticas de cierre, según estos investigadores de los departamentos de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Sociología y Economía Aplicada de la UGR.

Para afrontar la tercera ola de la pandemia, el 17 de enero de 2021, el Gobierno andaluz implementó la política del Cierre de las Actividades No Esenciales para a frenar la propagación del covid-19. En concreto, los municipios con una tasa de infección de 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes debían cerrar los negocios que ejercieran una actividad no esencial durante un periodo de dos semanas.

En este estudio, publicado en la revista Socio-Economic Planning Sciences, los investigadores han utilizado un método innovador de regresión discontinua, conocido por su rigor analítico, que permite cuantificar de manera precisa los efectos causales en situaciones donde un diseño experimental aleatorio no es factible.

Este enfoque permitió a los investigadores comparar municipios con tasas de infección ligeramente por encima y por debajo de un umbral preestablecido de 1,000 casos por 100,000 habitantes, lo que permitió estimar de manera precisa los efectos causales de la política.

El trabajo hace uso de los datos administrativos semanales de los 785 municipios de Andalucía proporcionados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía durante el período de implementación de la política. Este estudio es uno de los pocos en el mundo que ha logrado cuantificar de manera confiable el impacto de esta intervención no farmacéutica, destacando su importancia no solo para esta reciente pandemia, sino también para futuras crisis sanitarias.

Los autores sugieren que futuras investigaciones deberían centrarse en comprender mejor las diferencias en la efectividad de estas políticas entre áreas rurales y urbanas, así como en identificar los mecanismos subyacentes a estas diferencias. El estudio ha sido financiado por la Unidad de Excelencia Desigualdad, Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Universidad de Granada y ha sido realizado por los investigadores de la Universidad de Granada Alessio Gaggero, Ángela Mesa-Pedrazas y Ángel Fernández-Pérez, de los departamentos de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Sociología y Economía Aplicada.

EP