El porqué de la intervención de las cuentas de la Junta y lo que supone

La carta del director general de Hacienda subraya el incumplimiento de la regla de gasto y de deuda pública. El objetivo del déficit de las comunidades autónomas para 2018 era del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Andalucía cierra el ejercicio en el 0,5%, lo que se traduce en un desvío de 813 millones de euros. La Consejería de Hacienda atribuye este desvío entre otros aspectos al aplicar en el gasto de las cuentas de 2018 de dos sentencias contra la Junta de Andalucía, una de alrededor de 200 millones de euros por el Caso Nevada (una licencia paralizada de un centro comercial en Granada); y al sobre coste de las obras del Metro de Sevilla de 165 millones de euros. Ambas fueron imprevistas, según el anterior gobierno de Susana Díaz, y se consignaron en el Presupuesto en el último trimestre. Aunque las cuentas de 2018 fueron responsabilidad de la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta dejó la cartera autonómica en junio de 2018 y su sucesor fue Antonio Ramírez de Arellano, ahora diputado socialista.

No. En 2018 otras dos comunidades incumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria, Comunidad Valencia y Murcia. En el caso de la autonomía gobernada por socialistas y podemitas, con Ximo Puig de presidente, el desvío fue mayor, con un déficit del 1,4%. Murcia, gobernada por el PP con apoyo de Cs, el déficit fue del 1,3%. En el caso de la deuda pública, Andalucía fue la única comunidad que figura como no cumplidora. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Hacienda si ambas regiones han recibido la misma notificación que Andalucía sin respuesta por ahora.

La principal consecuencia es la intervención de las cuentas andaluzas por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. La ley establece que todas las operaciones de endeudamiento necesitarán de la aprobación del Estado, lo que implica que la Junta está bajo la tutela del ministerio que ahora dirige en funciones María Jesús Montero. También necesitará autorización para la concesión de subvenciones y suscripción de convenios de la Junta con el Estado. El Ministerio vigilará que la Junta cumpla con el pago a proveedores en el plazo de dos meses y podrá intervenir con modificaciones en sus cuentas si no lo hace.

La carta remitida a la Junta por su departamento advierte de que la Junta no podrá salir a los mercados, lo que supone un duro revés al departamento de Juan Bravo. La Junta volvió a salir a los mercados tras los años de la crisis en 2018 y este 2019 lo volvió a hacer con gran éxito. Logró colocar emisiones por 1.320 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) entre otros. Para este 2020, la consejería de Juan Bravo preparaba otra operación similar. Este tipo de operaciones conceden a la comunidad autónoma una imagen de solvencia dada la confianza que genera en las entidades financieras si estas le facilitan liquidez.

La Junta sí podrá oxigenar sus arcas con el Fondo de Liquidez Financiera (FLA), pero bajo unas estrictas condiciones. El Ministerio de Hacienda le exige para ello un plan de ajuste y plan de viabilidad de sus gastos e ingresos, o plan económico financiero. El Gobierno PP-Cs teme que ese ajuste toque a los servicios de sanidad y educación. Lo más probable es que si no hay garantías de los ingresos, el Gobierno de la Junta se vea obligado a renunciar a su prometida rebaja de impuestos incluida por el Gobierno en el Presupuesto de 2020. En este sentido cabe recordar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha aconsejado este diciembre a Andalucía y otras comunidades que no modifiquen la presión fiscal.