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El Gobierno de la Junta de Andalucía sigue sin respuesta del Ministerio del Interior a la petición tramitada hace meses para incrementar la plantilla de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita la Comunidad Autónoma, según informó el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en comisión parlamentaria este pasado jueves. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, comunicó el pasado octubre la petición al Gobierno de España de un incremento de 123 agentes para reforzar las labores sociales y de vigilancia que tiene encomendada la también llamada policía autonómica, aunque en puridad no lo es.
Andalucía tiene reconocido en su Estatuto de Autonomía (artículo 65) su capacidad para tener una policía autonómica como la catalana y la vasca, pero en esta comunidad ninguno de sus gobiernos vio necesario desarrollar esta competencia dada la satisfacción con la labor de las fuerzas de seguridad como la Policía nacional y la Guardia Civil.
Si bien, desde 1993 existe una unidad de agentes de la Policía Nacional con adscripción a la Comunidad Autónoma. Estos agentes, en la actualidad en torno a 500, llevan en su uniforme un distintivo con el escudo de Andalucía que los identifica adscritos al poder autonómico. Estos tienen como cometido la vigilancia y custodia de autoridades ligadas a la Junta de Andalucía, desde la Presidencia y el Gobierno al Parlamento, pero su labor es más extensa. También se encargan de la inspección del juego ilegal y de la venta de alcohol en locales, de la lucha contra la violencia de género y de investigar incendios forestales, entre otros cometidos medioambientales. En toda esta labor el balance de 2019 indica que superaron las actividades respecto a 2018, detalló el consejero de Presidencia a los diputados. Destacó, por ejemplo, el esclarecimiento de la autoría o cómo se produjeron 44 incendios forestales, la mitad de ellos en la provincia de Málaga.
Bendodo también explicó la mejora de la dotación material de la unidad, con 22 nuevos vehículos híbridos y 46 chalecos antibalas, entre otros. El balance relatado a los diputados incluyó el perfil de las provincias, es decir en qué sentido negativo de infracciones destacan cada una de ellas según las actividades de la policía autonómica. El fraude en las matriculaciones escolares destaca en provincias como Almería, Granada y Sevilla; en Cádiz y Málaga, además están las inspecciones de juego ilegal, sobre todo loterías. En Málaga, también hubo bastante labor en inspecciones por fuego. Huelva y Jaén generan más trabajo a los policías autonómicos con motivo de las romerías del Rocío y la Virgen de la Cabeza, respectivamente; mientras que las inspecciones por venta de alcohol ilegal destaca en Córdoba.
La labor es muy amplia y Andalucía muy extensa, por eso su Ejecutivo reclama un incremento de la dotación, para lo que formalizó la petición al Ministerio del Interior. «Ahora ya no hay excusa, no hay gobierno en funciones como antes», expresó el diputado del PP Toni Martín en la comisión parlamentaria. Bendodo aclaró que el Gobierno aún no ha dado ninguna respuesta.
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