La nueva proposición de ley que el Grupo Popular ha presentado en el Parlamento de Andalucía para reordenar las zonas cultivables en el entorno del ... Parque Nacional de Doñana tampoco convence en Europa. La directora de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijier, ha dirigido una carta al embajador permanente de España en la UE en la que advierte de que si prospera esa iniciativa tomarán todas las medidas necesarias, incluyendo un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia comunitario para que se impongan sanciones a España.
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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera remitió ayer la carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañada de otra misiva en la que alude en duros términos a la iniciativa parlamentaria del Grupo Popular: «Te remito la nueva carta enviada por la omisión advirtiendo duramente contra la nueva iniciativa que, de manera incomprensible, está auspiciando tu gobierno», reza el texto firmado por Ribera..
Ya el año pasado, cuando el PP, Ciudadanos y Vox presentaron una propuesta de reordenación del suelo en la comarca norte de Huelva, que suponía la regularización de zonas de cultivo actualmente no reconocidas como tales, la Comisión Europea advirtió de que actuaría contra España por entender que esa iniciativa afectaba a los acuíferos que nutren a Doñana y por lo tanto atentaba contra la supervivencia del Parque Nacional.
Aquella iniciativa decayó al concluir prematuramente la legislatura por el adelanto electoral y ahora el PP ha vuelto a presentar una proposición con un cambio que considera sustancial con respecto a la anterior: la mención expresa a que las áreas que se regularicen no podrán abastecerse de los acuíferos subterráneos, sino solamente de aguas superficiales, para lo que son necesarias costosas obras de infraestructuras que debe acometer el Gobierno central.
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El matiz no ha convencido a las autoridades europeas. En su carta, Fink-Hooijier señala que de prosperar la tramitación de la propuesta en los términos que han sido anunciados se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que en 2021 condenó a España por no controlar las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana y por inacción al no garantizar la protección de los hábitats naturales del Parque.
La directora de Medio Ambiente insiste en la carta en que se debe garantizar de forma inmediata la protección estricta de los valores naturales de Doñana, «especialmente teniendo en cuenta el actual contexto en el que las precipitaciones son cada vez más irregulares por causa del cambio climático».
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También pide que en el plazo de un mes se le transmitan «cuantas explicaciones y aclaraciones» se estimen pertinentes, en especial las relacionadas a cómo se han cerciorado o piensan cerciorarse de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos de Doñana de forma duradera.
Tras conocerse el contenido de la carta, Teresa Ribera consideró que, la Comisión Europea «recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento para con los ciudadanos, los ecosistemas y el respeto a las normas: Doñana necesita protección «y no se puede permitir que se esquilmen sus recursos».
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El portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, atribuyó al Gobierno central la responsabilidad de que en Bruselas no se haya entendido la propuesta presentada por el PP y aseguró que el Ejecutivo andaluz es el principal interesado en la conservación de Doñana.
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