«¿Es ingenuo reformar ahora la financiación de las comunidades? Al revés. Es la respuesta al desafío catalán»

–Sorprende su exceso de optimismo para exigir que no se demore más la negociación del nuevo modelo en un momento en que Cataluña actúa como ese vecino de comunidad que está por irse.

–Hay una parte compartida de ese contexto político, ese malestar producido por el descreimiento de la política que ha traído la crisis, un desgaste que parte de una sensación de los ciudadanos, que puede incrementarse, de que todos nos hemos apretado el cinturón y cuando la crisis va pasando no hay políticas que apunten a más bienestar, a que se vaya a devolver ese esfuerzo en forma de mejores servicios públicos, de derogación de reformas laborales... La recuperación no llega a las familias. De eso también se ha alimentado el conflicto catalán. No es la causa, evidentemente pero ha influido en ese 'España nos roba' con el que muchos se han apuntado a la independencia. ¿Es ingenuo plantear ahora una reforma del sistema de financiación? No. Al revés. Es la respuesta a ese desafío desde Cataluña. El Estado tiene que decirles a los catalanes y al resto de españoles que somos los ciudadanos y que más allá de fronteras y debates territoriales la premisa que hay que poner sobre la mesa es la capacidad de dar respuesta a las personas que han sacado el país adelante.

–Un deseo más que razonable, pero ¿ve al nuevo Gobierno de la Generalitat en la mesa del CPFF?

–Tiene que estar. No se entendería que Cataluña no se sentara en el CPFF. No lo entenderían ni los independentistas, más allá de sus aspiraciones, cuando se está repartiendo el dinero de cada territorio, por muy poco que les guste el color político de los que se sientan en esa mesa multilateral. Lo que Andalucía no va a permitir, y creo que tampoco otras muchas comunidades, es que haya negociación bilateral entre Cataluña y el Estado. Insisto, la construcción de un país pasa por cómo se distribuyen los recursos que cada uno aporta según su capacidad.

–¿Ve esa implicación catalana incluso con la reedición del 155?

–No tenemos tiempo. Estamos en el último minuto de la prórroga y cada minuto que pasa estamos perdiendo mil millones en Andalucía.

–El acuerdo del Parlamento andaluz sobre financiación llega sin el apoyo de Cs.

–Andalucía llega con los deberes hechos y nuestra parte diferencial es un gran consenso. Nos hubiera gustado que Cs se hubiera sumado pero, en todo caso, 101 de los 109 diputados dan una gran fortaleza a una posición que otros no pueden mostrar, una propuesta que no es para Andalucía sino de construcción de España.

–El PP-A se sumó 'in extremis'. ¿Influirá ese apoyo en el Gobierno?

–Con independencia de si ha sumado con convencimiento o sin él, da una fortaleza a la posición andaluza cara al consenso son otros territorios, y el Gobierno de España es un elemento añadido al papel que Andalucía debe jugar:los ciudadanos como centro del debate.

–¿Le ha pedido ayuda a Juanma Moreno para que convenza al Gobierno y le autorice a Andalucía a volver a financiarse en los mercados?

–Sí.

–¿Le ha contestado?

–Siempre le ha pedido que ejerza esa capacidad de influencia. La respuesta que nos gustaría trasladar es que ha hablado con sus 'mayores' en el Gobierno, si me permite esa expresión, para que miren con buenos ojos nuestra petición. Por ahora no la hemos tenido. Parecería que el PP siguiera abonado al cuanto peor mejor.

–Apoyar el buen cartel que tiene la Junta en sus deberes fiscales en cuanto a déficit, techo de gasto... tiene un coste político.

–¡Pero es miopía política! Los ciudadanos se dan cuenta de que el PP no juega en favor de Andalucía. Ese tópico del cuanto peor mejor sigue funcionando, pero no es de recibo cuando Andalucía tiene peor trato en las inversiones y en el modelo de financiación. Eso le ha pasado factura al PP en las urnas y no parece aprender.

–Montoro plantea abordar también quitas en la deuda de las autonomías que como Andalucía se financiaron con el Fondo de Liquidez Autonómica durante la crisis.

–Andalucía no está de acuerdo con las quitas de deuda. Solo valoraríamos una reestructuración, y en todo caso, garantizando que sea un mecanismo generalizable a todas las comunidades y vinculado a la insuficiencia financiera sufrida en años anteriores, pero teniendo siempre en cuenta los esfuerzos realizados en materia de consolidación fiscal y en el gasto primario por habitante. No obstante, si esta reestructuración de la deuda –que no condonación– se pretende utilizar como moneda de cambio o sustitutivo de una mayor aportación de recursos al sistema la rechazamos con rotundidad, puesto que en pocos años la insuficiencia de financiación ordinaria volvería a elevar el nivel de endeudamiento. Por eso lo importante y urgente son recursos adicionales en el sistema que garanticen la adecuada prestación de las competencias transferidas, no las quitas de deuda.

–El ministro exige como condición para negociar el modelo el «apoyo explícito» al mismo de Ferraz y de los barones regionales del PSOE.

–Montoro intenta siempre desviar la atención para no asumir su responsabilidad de poner en la mesa una propuesta de reforma del modelo, que debe debatirse en el CPFF. Si las Comunidades nos ponemos de acuerdo los partidos lo apoyarán. Pero es en el CPFF donde hay que negociar la propuesta que luego irá al Congreso.

–Cuando el PP-A le tiende la mano a la presidenta Susana Díaz para apoyar los presupuestos de 2019, ¿la ve como una mano al cuello?

–No es una propuesta sincera. El PP nunca ha sido capaz de articular una propuesta que se sostenga en ese terreno.

–Es evidente que pediría una bajada de impuestos...

–No vale intentar trasladar una propuesta que ni siquiera parte de la experiencia allí donde gobiernan. Es una discusión permanente. Me piden cosas en Andalucía que no practican. Ocurrió con Sucesiones, y no lo hacen en Castilla o en Galicia, con mayoría absoluta, con un mínimo exento muy superior al de Andalucía.

–Si la presidenta Díaz agota la legislatura, el apoyo de Cs seguirá condicionado entre otras cosas a más bajadas de impuestos.

–Pero la cuestión de la fiscalidad no puede ser siempre esa espiral de tirar a la baja sin importar si los servicios públicos son de calidad o no. El Gobierno andaluz se esmera en cuadrar una fiscalidad justa y suficiente para unos buenos servicios, que al final son redistribuidores de renta. No sería satisfactoria para el ciudadano una sanidad que no fuera de primera, con innovación terapéutica, tecnología y renovación de instalaciones. Eso es lo que tienen que proveer las administraciones y tendrá que haber una fiscalidad que lo permita. Mientras el modelo de financiación no se reforme, y el criterio de reparto sea por población y no por otras variables, el margen seguirá muy ajustado.

–¿Se está notando en la recaudación la recuperación?

–Sí, aunque la parte que afecta a los impuestos cedidos es muy pequeña y nuestra participación en IRPF e IVA está sesgada en el modelo actual, así que no llega todo lo que debiera.

–¿Habrá alguna alegría para el contribuyente en Andalucía?

–Bueno, creo que hemos hecho una reducción importante en Sucesiones. El resto de impuestos tiene un peso escaso.

–Uno de los objetivos de la presidenta Díaz en la legislatura es blindar un suelo de inversión del 7 % del PIBen sanidad y del 5 en educación. ¿Cómo encaja esto en un escenario abierto ante el nuevo reparto del dinero entre las comunidades?

–Tenemos un proyecto de ley muy importante, el de sostenibilidad del sistema sanitario en el que básicamente planteamos que sería bueno un porcentaje, como también se refleja en el acuerdo de financiación, así como del 2 por ciento en servicios sociales. Nos parece muy importante que no haya tentaciones privatizadoras en servicios públicos. La ley de sostenibilidad de la sanidad va en la dirección de que no haya copagos ni repagos en el sistema, de evitar la tentación del sector privado de hacer caja. De eso va la sostenibilidad, pero yo, que provengo de una larga experiencia en la gestión sanitaria, diría más: tenemos que tender a que en sanidad y educación se incorpore lo mejor, que el ciudadano vea que su dinero se emplea bien y no tenga al tentación de acudir a instancias privatizadoras. Eso es lo que se pretende con nuestros impuestos. ¿Hasta dónde? Son las cuentas que hacemos cada año para ajustar esa fiscalidad a esos servicios, pero en la propuesta del PP es a costa de la calidad. Quien plantea una fiscalidad tan baja que no permita sostener los servicios es porque piensa en la privatización y le da igual...

–Que la sanidad pública sea al final para quien no pueda pagarse otra...

–En sus propuestas de fiscalidad, el PP habla de que quien pague un colegio privado, libros de texto o uniformes se lo pueda desgravar. La nuestra no es que quien busque calidad en lo privado pueda hacer eso sino que cada uno pague sus impuestos y todos los ciudadanos puedan tener, sea cual sea su renta, libros, universidad, matrículas gratuitas... Ponemos en marcha un modelo de sociedad distinto. Si no, habrá una pobre sanidad para ciudadanos pobres.

–¿Cuántos de los 270.000 empleados públicos andaluces optan por irse a una mutua en lugar del sistema público?

–No es una cifra relevante. En Andalucía, en los últimos periodos precrisis hubo un incremento en el aseguramiento privado, pero circunscrito a prestaciones que no ofrecía el sistema público, en materia dental, podología... o para cuestiones como aspectos hoteleros del sistema, como habitaciones individuales. Le puedo asegurar que cuando alguien se juega la vida acude al sistema sanitario. Un infarto, un trasplante, neurocirugía... No en pocas ocasiones se deriva al sistema público. Si mantenemos esa tendencia de calidad, se entenderá que son los impuestos los que la hacen posible.

–Sorprende que cosas que parecían imposibles por parte del Gobierno como subir las pensiones o mejorar la inversión del Estado en Andalucía vayan a producirse...

–Con esa voluntad la presidenta se reunió en abril con Rajoy, además de para que no se retrasara el debate sobre financiación. No es caprichoso. Andalucía necesita esos mil millones que ha perdido cada año y nuestra aspiración es que con el nuevo modelo tenga cuatro mil millones más anuales para poder converger. Y el debate de las inversiones resulta sangrante. El recorte del 36% en los PGE del año pasado se consolida en los  de éste. No queremos la línea Algeciras-Bobadilla o superar el aislamiento ferroviario de Granada y Almería por capricho sino porque no se ayuda a converger al sur si no se facilitan las infraestructuras competitivas. Debiera ser una planificación de Estado, pero como no lo es, Andalucía la seguirá exigiendo. ¿Aspiramos a que el ministro de Fomento cambie? Aspiramos. ¿Es ingenuo? Es obligación de Andalucía exigirle que ese tramo Algeciras-Bobadilla sea prioridad en los presupuestos.

–El Estatuto fija desde 2007 el 17,8% de la inversión estatal para Andalucía, una exigencia incumplida incluso por gobiernos socialistas. ¿Harán valer ese mandato estatutario o entrará entre las posibles transacciones para negociar?

–El debate de financiación es complementario al de cómo el Estado, con sus presupuestos, construye una España más igualitaria, más competitiva, con más desarrollo. La contribución a Andalucía no es sólo a través de sistema de financiación para que satisfaga las necesidades en servicios. Un gobierno, cuando se plantea un país más competitivo, tiene que plantearse que su política de infraestructuras tiene que pensar que el sur cuenta. Por tanto la contribución de inversiones en sus competencias debe ser la correspondiente a nuestro peso poblacional porque si no lo hace nunca seremos competitivos y no habrá convergencia. Una cosa es financiar servicios, y otra, construcción de país. Nunca renunciaríamos a que nuestro peso en los Presupuestos sea nuestro peso en población.

–Por tanto, será una deuda viva.

–Sigue estando ahí. Este año el Gobierno ha presupuestado 40 euros menos por habitante que en el resto de España. Si no cumple, difícilmente Andalucía a pesar del desarrollo autonómico convergerá en empleo e infraestructuras.

–Usted fue consejera con Chaves y Griñán. ¿Qué siente al verlos ante un tribunal?

–Una sensación de enorme tristeza. Para ellos es injusto pasar esta parte de su vida política en un juicio en el que espero que se haga definitivamente justicia pero han pasado un calvario. He trabajado con ambos, tienen todo el reconocimiento y el aprecio de alguien que sabe de su honestidad. Lo único que puedo decir es que siento gran tristeza.

–Hace diez años, usted, como consejera de Salud planteó un macrohospital. Pasaron los años y el malestar por la sanidad ha salido a la calle, también en Málaga. ¿Puede asegurar los 230 millones que requiere el proyecto para este tercer hospital?

–Se plantea un buen proyecto para la sanidad malagueña, que ha sido además diseñado por profesionales del sector. Cuando la Junta compromete una inversión, consignará los créditos necesarios para llevarla a cabo. La previsión que la consejera ha trasladado es que la licitación se haga antes de final de año. Tiene los recursos necesarios y los sucesivos presupuestos contarán cada año. A mí me gusta la planificación sanitaria, es dinámica, y me preocupa que seamos capaces de asegurar resultados en las patologías más graves y acercar la asistencia para las menos graves. Jugamos siempre con grandes hospitales de referencia y con hospitales de proximidad.

–Por cierto, en Málaga se reclama un CHARE en la zona Este. ¿Lo ve justificado?

–Los centros CHARE fueron una magnifica solución para dar respuesta y evitar los problemas que requieren un tiempo de desplazamiento del ciudadano: Benalmádena, Mijas, Estepona... son esos dispositivos . También se despeja a los grandes hospitales de esas patologías menos graves, pero es más discutible en el entorno de una misma ciudad, porque ahí los tiempos de desplazamiento son cero. Tienen sentido para una asistencia sin gran complejidad. En una asignación eficiente de recursos, muchas veces el acceso a la mejor atención posible no implica un médico en la puerta de la casa.

–La oferta de empleo en sanidad y educación es histórica, pero sobre todo para interinos.

–El hecho de que las administraciones decidan sacar plazas en propiedad implica un refuerzo de servicios. Andalucía no cogió como otros el camino de despedir para ahorrar. Eso supone que pase lo que pase no se tocará. La oferta más grande es la de Andalucía. Todo el mundo tiene que concurrir, con la pequeña o gran ventaja del tiempo trabajado. Creo que la mayoría serán capaces, sobre todo docentes y sanitarios, de consolidar su puesto, pero las plazas hay que opositarlas.