Andalucía afronta el final del estado de alarma con incertidumbre sobre qué medidas podrá adoptar

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla, advirtió este lunes, siete días antes de la fecha en que caduca la vigencia de la norma excepcional , que la Junta estará maniatada para hacer frente a la pandemia y adoptar las decisiones necesarias para contener la propagación del virus si el Gobierno no dota a las comunidades autónomas de las herramientas jurídicas necesarias.

Durante su intervención en un acto en la localidad granadina de Atarfe, Moreno Bonilla subrayó la necesidad de que los gobiernos autonómicos puedan cerrar perimetralmente los municipios que sobrepasen los 500 casos por cada 100.000 habitantes o, en su caso, provincias enteras, o recurrir al toque de queda.

Por ello, y aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado señales en ese sentido, aseguró que no pierde la esperanza de que en los escasos días que aún restan hasta el próximo lunes, se tramite por la vía de urgencia una modificación en la Ley de Salud Pública para que las comunidades autónomas cuenten con un respaldo jurídico y puedan tomar decisiones en el ámbito de la restricción de la movilidad, fundamental en su opinión para combatir la pandemia. «Hay posibilidades de hacerlo, todavía estamos a tiempo», dijo el presidente, que espera que una vez que pasen las elecciones en la Comunidad de Madrid, que se celebran este martes, el Gobierno se sienta liberado y cumpla con el compromiso de dotar a las comunidades autónomas de un marco normativo que impida que estén «desnudas».

Si no se modificara la norma, el ámbito competencial de la Junta es muy acotado. Se reduce, explicó el presidente, a la posibilidad de restringir horarios comerciales o de intentar cerrar periféricamente las localidades donde hubiese una gran incidencia del virus con respaldo judicial. «Pediríamos permiso a la autoridad judicial, pero perderíamos un tiempo precioso, seríamos menos operativos y menos ejecutivos y estaríamos en manos de la decisión de un juez», señaló.

Para Moreno Bonilla, esta situación «se podría haber evitado con buena voluntad, con gobernanza y con liderazgo» por parte del Gobierno.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, mostró su temor de que el Gobierno «no haga nada» ante el fin del estado de alarma. «El Gobierno puede hacer tres cosas: dar normas en determinados sectores para que las apliquemos las comunidades autónomas, dar sugerencias sobre las cuestiones a actuar o puede que no haga nada. Posiblemente sea esto último porque es a lo que nos tiene acostumbrados», dijo Bendodo.

Asimismo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, adelantó que este miércoles el Comité de Expertos abordará el escenario y posible medidas. Marín señaló que la Junta ha recibido propuestas de los distintos sectores que han sido consultados por las consejerías, que se llevarán este miércoles al Comité de Expertos para tener un panorama de cuál será la situación a partir del martes de la semana próximo, cuando ya no haya estado de alarma. «Esto es lo que debería haber hecho el Gobierno central, pero no lo ha hecho y las comunidades nos sentimos indefensas, pero en Andalucía vamos a articular todas las medidas que actualmente el estado de derecho nos permite», dijo.

Esta situación de incertidumbre que describen los responsables políticos de la Junta no es tal a los ojos del Gobierno. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió este lunes en que las comunidades autónomas cuentan con herramientas e instrumentos suficientes para seguir controlando la pandemia . «Los miembros del Consejo Interterritorial hemos ido poniendo medidas. Espero que cuando dejemos atrás esta maldita pandemia tengamos herramientas para seguir enfrentando posibles amenazas», ha señalado.

Una vez finalice el estado de alarma, Darias ve fundamental el rastreo de casos, la secuenciación para poder aislar el virus y la vacunación.

De la misma forma, ha recordado que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad acordaron un documento de actuaciones coordinadas, conocido como 'semáforo', que supone «una guía de actuación con medidas para llevar a cabo en función de la incidencia».